La memoria entrecortada

Es una máxima asumida por la mayor parte de los españoles que la transición de la dictadura a la democracia fue un éxito, pero también que para conseguirlo se dejaron muchas cuentas pendientes. Más de 68 años después de la guerra civil y casi 30 de la muerte de Franco, la presión para la recuperación política y moral de los muertos y represaliados es cada día más fuerte. También en Andalucía, aunque, en lo que atañe a los partidos políticos las iniciativas para la rehabilitación de las víctimas surgen y se desvanecen por oleadas.

Una muestra de esta memoria entrecortada es la urgencia con la que todos los grupos parlamentarios se lanzaron a reclamar el lunes pasado la anulación del juicio a Blas Infante -reconocido en el preámbulo del Estatuto de Autonomía como "padre de la patria andaluza"- fusilado en 1936 y condenado cínicamente a muerte cuatro años más tarde de su asesinato. El motivo de la repentina coincidencia en el tiempo de los partidos respecto a la necesidad de hacer justicia a la figura de Blas Infante una vez más viene del agravio comparativo: por el compromiso del Gobierno central de revisar la condena a muerte del histórico presidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys a través de una ley especial.

La Junta planea el estudio de las víctimas a través de un órgano interdepartamental

Tras la agitación por el desigual trato entre el catalanista y el andalucista y la exigencias y declaraciones pertinentes, el tema pasó políticamente a segunda fila el mismo martes, aunque junto con el caso de Infante se ha vuelto a plantear también el apremio del reconocimiento de otras figuras históricas relevantes, así como de la reparación global y definitiva de todos los andaluces que sufrieron represión y muerte.

La idea de la Junta es crear en Andalucía un órgano similar a la comisión interministarial constituida por el Gobierno central -en este caso seria interdepartamental (con la implicación de varias consejerías)- para coordinar el paquete de acciones.

Ya se han dado algunos pasos. En la legislatura anterior la Consejería de Justicia aprobó indemnizaciones a los encarcelados por el franquismo, al igual que un decreto para rescatar la memoria histórica. Justicia ha constituido un comité técnico, en el que además de las asociaciones, participan forenses, expertos universitarios y ayuntamientos, y están presentes el fiscal jefe del TSJA y el coordinador del Consejo Andaluz de Medicina Legal. El comité, que preside el secretario general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Toscano, ha decidido trabajar sobre dos proyectos. El primero es la elaboración de un mapa de las fosas comunes en Andalucía, para lo que se pretende establecer convenios con las nueves universidades de la comunidad y la Federación Andaluza de Municipios (FAMP). "Se trataría", dice Tocasno, "de conocer con exactitud qué pasó, dónde y quiénes son los perjudicados". El segundo, bautizado como Todos los nombres, es su consecuencia , e incluye la colocación de placas conmemorativas. Los ayuntamientos han presentado hasta ahora 71 solicitudes de monolitos.

Otros expertos aconsejan que junto con la localización de fosas se proceda, y con carácter previo, a la inscripción de los muertos en los registros civiles. El historiador Juan Ortiz Villalba señala en su libro Sevilla, 1936, del golpe militar a la guerra civil, que en esta ciudad la mayoría de los fusilados no han sido inscritos "ni lo serán jamás". En cuanto a los inscritos, casi todos lo fueron al cabo de muchos años, una buena parte tras el advenimiento de la democracia en 1977 e incluso con la llegada del PSOE al poder en 1982.

Los grupos parlamentarios retomarán esta semana las conversaciones sobre la anulación de la condena de Blas Infante. PA e IU han registrado ya iniciativas, mientras que el PSOE ha remitido un borrador de proposición no de ley con la aspiración de que la suscriba la Cámara entera. En ella reivindica las otras cuatro personalidades que fueron fusiladas con Infante: José González y Fernández de Labandera, ex alcalde de Sevilla, el diputado y presidente provincial del PSOE, Manuel Barrios, el concejal Emilio Barbero y el secretario de la Masonería Andaluza, Fermín de Zaya.

El PP se ha mostrado dispuesto a todo tipo de homenajes a Infante pero ha anunciado que evitará que el debate "reabra heridas del pasado". El resto sostiene que es preciso salir de la amnesia forzada porque la reconciliación no es el olvido.