La comisión jurídica asesora dejará de dictaminar la ley de presupuestos

Los proyectos de ley de Presupuestos, que hasta ahora llegan al Parlamento con el correspondiente informe de legalidad de la Comisión Jurídica Asesora (Cojua), dejarán de ir acompañados por él en los próximos ejercicios, una vez se apruebe la ley que consolida el funcionamiento de ese órgano consultivo y que el miércoles quedó lista para su debate y votación en comisión.

El proyecto excluye expresamente los Presupuestos, y también la Ley de Aportaciones, del ámbito de competencias de la comisión y deja al arbitrio del responsable del Departamento de Hacienda, en este caso la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, la decisión de recabar o no ese informe, hasta ahora preceptivo para las cuentas públicas.

Los grupos del Gobierno se han negado también a incluir entre las competencias del órgano consultivo los proyectos de reforma estatutaria, como han pretendido sin éxito los grupos de la oposición. La inexistencia de esta obligación, que sí se da en otras comunidades autónomas

ha permitido al Gobierno tramitar el plan Ibarretxe sin acompañarlo de un solo informe de legalidad. El tripartito ha transaccionado algunos aspectos parciales con el PP, pero se ha negado a ningún acercamiento en las modificaciones fundamentales propuestas por ese grupo y el del PSE. Ambos cuestionan en su raíz el modelo que se quiere consagrar.El Gobierno no ha aceptado tampoco que el Parlamento participe de la elección de los miembros de la Comisión Jurídica Asesora (Cojua). Los ponentes de sus grupos parlamentarios han argumentado su negativa a este extremo en la ponencia en las "dificultades" que encontraría alcanzar un acuerdo sobre sus integrantes en el Parlamento, pese a que tanto PP como PSE sostienen que resultaría sencillo, dado el carácter técnico del órgano.

El PP proponía configurar una comisión totalmente externa al Ejecutivo y elegida en su integridad por la Cámara, mientras el PSE optaba por una composición mixta, designada en su mitad por el Gobierno y en la otra por el Legislativo. El Gobierno rechaza ambos planteamientos y mantiene el texto del proyecto, que prevé que todos los miembros de la Cojua sean letrados funcionarios de Lakua. Ambos partidos de la oposición estiman que esta actuación se inscribe en la línea del Ejecutivo de sustraerse lo más posible al control externo de sus actos.

También rechaza el tripartito que su presidente y vicepresidente sean elegidos por los propios integrantes del órgano, con lo que esos cargos seguirán siendo ocupados respectivamente por el secretario general de Régimen Jurídico del Gobierno, Enrique Lucas, y por el director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, Jon Echave.

El ponente del PP, Antón Damborenea, critica que la vasca sea la única administración que ha optado por esta fórmula, aunque admitió que la normativa lo permite, gracias a una enmienda admitida en su día en el Congreso de los Diputados al PNV. Damborenea censura la exclusión de la ley de Presupuestos del ámbito de actuación de la Cojua "después de los episodios que hemos vivido", dijo refiriéndose a la conflictiva ley aprobada en 2002, cuando Batasuna aprobó una parte de las cuentas y rechazó otra, y crítico la ausencia de argumentos en la negativa del Gobierno.

Control con funcionarios

El parlamentario popular considera también que el empeño del Gobierno en que la comisión esté compuesta por funcionarios bajo su dependencia y presidida por un algo cargo del Ejecutivo resulta "poco presentable". "Confiamos en las personas, pero, como poco, es escasamente estético que sean funcionarios del Gobierno quienes hagan los informes de legalidad de los proyectos de ley del propio Gobierno, aunque no sean vinculantes", dijo Damborenea a este periódico. El grupo popular votará en contra del proyecto de ley, pese a la transacción de algunas de sus enmiendas, salvo modificación sustancial de la postura del tripartito durante el debate en comisión.

La representante del PSE en la ponencia, Joana Madrigal, pese a reconocer el trabajo que los integrantes de este órgano vienen desempeñando, estima que se ha perdido la ocasión de otorgarle "una mayor credibilidad", por la vía de dotarlo de una mayor independencia respecto del Ejecutivo.

Madrigal critica la negativa a que las reformas estatutarias, la actual del plan Ibarretxe y otras futuras, sean informadas previamente por este órgano. El Gobierno aduce que las propuestas de reforma estatutaria no son proyectos de ley en sentido estricto y que por su contenido político no deben estar sujetas a informes de legalidad. "Es difícilmente sostenible que una modificación de la ley de más rango que tenemos, el Estatuto, no sea informada por la Cojua", señaló Madrigal. "No nos vemos ni reflejados ni identificados en ese proyecto", añadió. Aunque admite que el Gobierno tiene "base legal" para su esta actuación, la diputada socialista censura que el Ejecutivo no haya realizado "ningún esfuerzo de aproximación a los grupos de la oposición en lo sustancial" y calificó de "menores" las modificaciones admitidas al PP.

La presidenta de la comisión, la peneuvista Elixabete Piñol, destaca por contra la incorporación de enmiendas parciales del PP, aunque admite que el modelo no ha cambiado.