Zabalgarbi prevé abrir su planta incineradora a finales de noviembre
Ha quemado 50.000 toneladas de basura en la fase de pruebas
La empresa Zabalgarbi, promotora de la primera incineradora de basuras en Euskadi, calcula que a finales de noviembre tendrá disponible la planta, que supondrá una inversión de 154 millones. La instalación, que producirá electricidad con la quema de basura y la inyección de gas, empezó en abril a incinerar residuos urbanos en fase de pruebas y hasta ahora ha quemado 50.000 toneladas.
La planta se ha sometido a todas las pruebas previstas, tras las últimas realizadas sobre las emisiones y el máximo rendimiento de la instalación. Un portavoz oficial afirmó que en "los próximos días" empezará el test de funcionamiento a plena carga, que se prolongará durante 30 jornadas ininterrumpidas. La empresa se vanagloria de que la inyección de gas, procedente de una segunda turbina, permite más generación energética que una incineradora convencional o una planta de ciclo combinado.
Los promotores esperan que para finales de noviembre reciban la factoría ya preparada para su cometido -el contrato establecía la entrega llave en mano, es decir lista para funcionar-, que incluye también los trabajos de urbanización y siembra de zonas verdes del entorno de la incineradora, ubicada junto al único vertedero de Bilbao, el de Artigas.
La empresa, que resalta los "buenos resultados de la pruebas realizadas", asegura que se han cumplido los plazos previstos. Las obras comenzaron en septiembre de 2001 y tenían un plazo de entre 33 y 36 meses, por lo que rebasará este periodo en casi tres meses. Zabalgarbi achaca este desfase a las consecuencias de la huelga del sector del hormigón, hace dos años.
El presidente de Zabalgarbi, Juan Ignacio Unda, dijo en julio pasado que la planta estaría a pleno funcionamiento para finales de agosto o principios de septiembre. La Diputación vizcaína, que posee el 20% del capital de la empresa, también había barajado septiembre como la fecha de la apertura.
La incineradora empezó las primeras pruebas en enero, pero hasta abril no inició la quema experimental de basuras. Hasta finales de julio se habían incinerado casi 19.000 toneladas y ahora se ha llegado a las 50.000, según los datos de la compañía.
Esta cifra supondría que en estos seis meses se ha quemado más de la quinta parte de la basura prevista en el proyecto durante un año, que totaliza 230.000 toneladas. La planta tiene previsto generar al año 730 gigawatios, el 10% de todo el consumo energético actual en Vizcaya. La potencia neta de la instalación asciende a 95 megawatios.
Desviación "mínima"
La empresa asegura que la desviación presupuestaria en el proyecto ha sido "mínima", frente a las cifras habituales de entre un 10% y un 20% en obras similares, y que la inversión total rondará los 154 millones de euros.
En respuesta a las protestas de los grupos ecologistas sobre la contaminación que generan las incineradoras, Zabalgarbi mantiene que sólo se producirán entre un 3% y un 4% de residuos peligrosos, que serán las cenizas volantes y los desechos del tratamiento de gases. Juan Ignacio Unda ha garantizado que se depositarán en vertederos, tras ser inertizados, y que su tratamiento en la factoría, en compartimentos estancos, evita la salida al exterior de elementos contaminantes.
La promotora obtendrá ingresos de la venta de la electricidad y el canon impuesto por la basura a los ayuntamientos vizcaínos que se han comprometido con la incineradora, que son todos salvo Bilbao, Getxo, Ermua, Mallabia y Orozko y localidades pequeñas junto a vertederos,. Calcula que logrará entre 42 y 48 millones de euros al año, con una tasa de rentabilidad del 8%, lo que, según el presidente, demuestra que el objetivo principal no es el económico.
El canon de tratamiento se ha establecido en 54 euros por tonelada, "el mismo que el de los vertederos de Vizcaya", apunta Unda.
Informes solicitados
Zabalgarbi aseguró ayer que ha entregado la documentación pedida por el Ayuntamiento de Bilbao, que hace un mes advirtió su intención de no conceder la licencia de actividad -el permiso para que pueda funcionar plenamente- si no aportaba varios informes. La concejal de Urbanismo, Julia Madrazo, afirmó que se habían presentado informes sobre controles continuos de emisiones pero no los controles periódicos de sustancias como dioxinas, furanos o metales pesados antes de la fase de pruebas y seis muestreos en el último año y medio sobre la incidencia en el suelo, vegetación y agua.
Fuentes municipales aseguraron que el 25 de septiembre la empresa presentó seis carpetas de documentación, que están analizándose por los técnicos del consistorio. Zabalgarbi afirma que, además de lo solicitado, se han incluido informes de olores y de la incidencia de los furanos y dioxinas en el aire.
