El fiscal pide seis años para De la Rosa por estafa a un empresario

El fiscal solicita seis años de prisión para el financiero Javier de la Rosa por un delito de estafa presuntamente cometido contra el empresario de Barcelona Lorenzo Rosal, a quien utilizó como avalista en 1995 para lograr de La Caixa un crédito de 300 millones de pesetas de entonces (1,8 millones de euros). El crédito fue concedido a la sociedad interpuesta Círculo Novatio, SL, y De la Rosa ofreció como contragarantía dos cuentas corrientes que tenía en Banca Catalana. De acuerdo con el relato del fiscal, el financiero sabía que esas cuentas estaban embargadas por el juzgado para cubrir la fianza exigida, pero ese detalle fue "mendazmente ocultado".

Al final, De la Rosa no devolvió el dinero, "pues nunca estuvo en su ánimo", dice el fiscal, por lo que el crédito venció anticipadamente por impago. La Caixa tuvo que embargar entonces

13 fincas del patrimonio de la madre de Lorenzo Rosal, que se había utilizado para garantizar el crédito, y de esta forma cobró unos 2,8 millones de euros por el préstamo más intereses.

Al margen de la actuación de De la Rosa, el fiscal censura el proceder de los directivos de La Caixa, aunque no acusa a ninguno. "No deja de sorprender la celeridad, más bien precipitación, con que se otorgó el crédito, extremo que resulta más que asombroso tratándose de una entidad de tal monto y sin más garantías" que el aval. La fiscalía cree que se produjo un "irregular mecanismo de concesión" del crédito, "impropio de cualquier entidad bancaria", y recuerda que la sociedad a la que se concedió no tenía ni patrimonio ni actividad "para la supuesta realización de un proyecto inmobiliario siquiera justificado".

Un portavoz de la entidad bancaria defendió ayer la actuación de La Caixa y aseguró que sus empleados obraron correctamente. Por su parte, Ignacio Ramírez, abogado de De la Rosa, considera que la acusación del fiscal "no tiene ningún fundamento" y que, en todo caso, se trataría de un pleito civil. El empresario está actualmente ingresado en la cárcel catalana de Figueres (Girona) cumpliendo una pena de cinco años y medio por la Operación Wardbase, una pieza separada del caso Torras.