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CARTAS AL DIRECTOR

Las medidas sobre la vivienda

En los últimos días hemos escuchado nuevas medidas que el Gobierno quiere aplicar para resolver el problema de la inaccesibilidad a la vivienda en España. Se ha propuesto la ayuda directa para comprar pisos, y la reforma de la Ley del Suelo. Me gustaría aportar algunas reflexiones a este interesante debate.

En primer lugar, el problema es tan grave que el relator especial de Naciones Unidas para la Vivienda, Miloon Koothari, está planteando la posibilidad de hacer una visita oficial a España para tratar el tema. Afirma que en nuestro país "la clase política no entiende aún que la vivienda es un derecho básico, y no tiene el freno de la especulación como prioridad". Añade también que, de no cambiar las cosas, la clase media española puede perder el derecho a la vivienda.

Me da la sensación de que el Gobierno está abordando el tema de forma superficial. Otorgando subvenciones a las familias para comprar pisos no se arregla el problema. Los precios están artificialmente altos porque la vivienda se ha convertido en un bien más de inversión, igual que los fondos o las acciones, y además tiene poco riesgo y alto rendimiento en el corto plazo. Esta mentalidad debe cambiar, ya que no estamos hablando de intercambiar bienes y servicios prescindibles, estamos hablando de que el negocio de unos pocos puede quitar derechos y bienestar a la mayoría. Es cierto que la vivienda en propiedad ha sido siempre un refugio seguro de la inversión de las familias, pero estamos llegando a una situación muy distinta, y es que la vivienda está siendo utilizada para generar grandes plusvalías en poco tiempo.

Los impuestos podrían jugar un papel importante en la corrección de esta falla: las plusvalías generadas por la venta de propiedad immobiliaria, especialmente si no es primera residencia, deberían estar altamente gravadas, para desincentivar el negocio con un derecho básico como la vivienda, igual que las casas vacías. A la vez, a partir de la tercera residencia, los impuestos deberían de aumentar de forma progresiva y significativa.

Espero que el Gobierno reflexione sobre este tema, tan importante y espinoso, y se decida a abordarlo, aunque tenga presiones de grupos económicos. Como recordatorio necesario, señalo que la función del Gobierno es defender los intereses de la ciudadanía, aunque haya que pelearse, para eso les hemos votado y les estamos pagando.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de octubre de 2004