El Gobierno se hace con el control de la gestión de la Copa del América

Las tres administraciones públicas presentes en el consorcio organizador de la Copa del América de 2007 cerraron ayer un acuerdo después de meses de tiranteces. El Gobierno central, por un lado, y el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, por otro, se repartirán al 50% el peso en el consorcio, pero el Estado -único financiador del evento- controlará la gestión del proyecto a través del nuevo director. El ex presidente del Puerto de Valencia Fernando Huet, de conocida militancia socialista, sustituye en este cargo a José Salinas, designado por la alcaldesa, Rita Barberá.

La negociación entre el ministro Jordi Sevilla y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llevaba atascada semanas por la elección de un nuevo director general del Consorcio Valencia 2007, cargo que ocupaba José Salinas, designado en su día por la alcaldesa. Después de encuentros a dos y tres bandas e incluso de cenas privadas, ayer se desbloqueó la situación y la persona elegida para dirigir el consorcio es Fernando Huet, ex presidente del Puerto de Valencia hasta 1996 -cesó en el cargo poco después de la victoria del PP-, de militancia socialista, y en la actualidad alto cargo de la constructora Cyes.

Fuentes conocedoras del proceso manifestaron ayer que Fernando Palao, responsable del ente público estatal Puertos del Estado, fue el primero en aconsejar su nombre al ministro Jordi Sevilla. El ex presidente portuario, reacio en un primer momento a aceptar el cargo, aceptó finalmente después de hablar, por este orden, con la alcaldesa de Valencia, el ministro de Administraciones Públicas y el presidente de la Generalitat.

El acuerdo -a falta de mayor concreción en varios aspectos- lo hicieron público por la tarde el ministro Sevilla, la alcaldesa Barberá y el consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps, en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Básicamente, el evento lo gestionará el consorcio, gobernado al 50% por el Estado y por el Ayuntamiento y la Generalitat y donde ninguna de las tres administraciones tendrá, a falta de conocer los nuevos estatutos, voto de calidad. En este contexto, el director general gana en poder ejecutivo en contraste con la etapa anterior, donde el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, con un 60% del peso político, controlaban la gestión del ente organizador de la Copa. Barberá conservará la presidencia del consorcio.

De este organismo colgará la sociedad estatal responsable de las obras relacionadas con la competición. El Estado tendrá el control, con un 51% del capital, de esta firma, tal y como estaba previsto, y la gerencia recaerá en un ingeniero de caminos de la Administración central. El Gobierno central consigue con este acuerdo el control de todas las direcciones técnicas del proyecto -como pretendía en un principio- tras financiar en exclusiva el evento.

El plan de financiación elaborado por el ministro Sevilla se mantiene con ligeras modificaciones. El consorcio será titular de las concesiones sobre los terrenos, las infraestructuras y la lámina de agua de lo que se ha dado en llamar Balcón al Mar, que, según anunció ayer Barberá, se convertirá después de 2007 "en una gran marina", con un uso "turístico-lúdico-deportivo-cultural". La concesión se prolongará de 25 a 35 años. Un concurso de ideas encargado por el consorcio definirá este proyecto urbanístico.

Las obras del evento se financiarán con un préstamo de 500 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO), avalado por el Estado. Con la explotación del complejo de ocio portuario se saldarán 300 millones de euros y el resto se amortizará vía Presupuestos del Estado.

La tres administraciones sufragarán obras de embellecimiento en Valencia, para lo cual el Estado ampliará la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento -que roza el límite- en unos 40 millones de euros. Barberá calificó el acuerdo de "muy importante" y anunció que el consorcio se reunirá el 25 de octubre para materializar este acuerdo. El Gobierno elevará su presencia en el consorcio de cuatro a ocho consejeros. Entre los nuevos estará el actual secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.