Siete meses de tensión

El pacto alcanzado ayer por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia cierra siete meses de tensión en torno a la organización de la Copa del América. El proyecto navegó por aguas tranquilas, aparentemente, mientras el PP controló las tres administraciones integrantes del Consorcio Valencia 2007 -en el que no dio entrada a la oposición-, pero el cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 14-M desbarató sus previsiones y despejó la bruma que envolvía la gestión del evento y su financiación.

La relación de la Generalitat y el Ayuntamiento con el nuevo Ejecutivo socialista comenzó con mal pie, con reproches del PP por su supuesta "falta de interés" hacia el acontecimiento que enrarecieron el ambiente ante la primera entrevista de la alcaldesa, Rita Barberá, y el consejero de Economía, Gerardo Camps, con el vicepresidente económico, Pedro Solbes. La alcaldesa pidió el pasado junio al ministro 1.600 millones de euros para las infraestructuras de la Copa y diversas obras en Valencia en una reunión que puso en evidencia que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat pretendían contribuir económicamente al evento, aparte de su cuota del canon de 90 millones a la empresa ACM, titular de los derechos de la competición. Su propuesta de financiación se basaba en una operación urbanística, en parte a costa de suelo de uso portuario, para crear "una gran marina", según Barberá.

Ante esta situación, y tras revisar la gestión realizada por el Consorcio -que motivó quejas de ACM, preocupada por el cumplimiento de los plazos de las obras y la organización-, el Gobierno decidió dar un giro al proyecto. El Ejecutivo asumiría la financiación de la Copa del América, pero también controlaría la organización y las obras. El desencuentro con el PP estaba servido. La primera reunión del Consorcio con los nuevos miembros del Gobierno, encabezados por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, marcó a a finales de junio las líneas principales del nuevo escenario, en el que no tardaron en aflorar los conflictos. La eliminación del túnel del futuro acceso norte al puerto de Valencia por debajo del nuevo canal para la Copa, con el fin de terminar la obra en plazo, desató una tormenta entre los empresarios y nuevas acusaciones al Gobierno de maltratar a la Comunidad Valenciana.

A ello se sumó la idea del Gobierno de crear una sociedad estatal para dirigir las obras de la Copa, y la intención de sustituir al director general del Consorcio, José Salinas -designado por Barberá-, planes que chocaron con la resistencia, sobre todo, del Ayuntamiento de Valencia a perder el control y protagonismo de la Copa. Las dos reuniones siguientes del Consorcio permitieron aprobar los presupuestos, lanzar las obras más importantes -con cambios en la bocana para el nuevo canal, objeto de otro pulso-, pero dejaron para después del verano los cambios en el Consorcio. Entremedias, un encuentro de todas las partes presidido por el rey Juan Carlos certificó la necesidad de un acuerdo y la preocupación de ACM por el funcionamiento del Consorcio.

La negociación se encarriló definitivamente hace escasas semanas, cuando la Generalitat aseguró su apoyo a los planes del Gobierno socialista. El acuerdo con Barberá se ha hecho esperar hasta ayer, terminadas ya las regatas previas de la Copa del América en aguas valencianas.