Las defensas del 'caso funerarias' recusan a la mitad de las acusaciones

Los abogados de varios acusados de participar en las 3.000 cremaciones ilegales realizadas entre 1992 y 1997 en los hornos del cementerio municipal de Málaga solicitaron ayer que se aparten del caso las acusaciones del Ayuntamiento de Málaga, personado como acción popular, y Parcemasa, la empresa que gestiona los hornos crematorios, por considerarlas "nulas". Solicitaron lo mismo para seis acusaciones particulares, que representan a familiares afectados, porque "formulan imputaciones que no se corresponden con la causa". Una sola afectada acudió a la primera sesión del macrojuicio.

La Audiencia de Málaga comenzó ayer el juicio en el que ocho personas están acusadas de incinerar de forma ilegal a unos 3.000 cadáveres en el horno del cementerio municipal. El proceso, que en principio está fijado hasta enero de 2005, es uno de los mayores que ha acogido la Audiencia de Málaga.

En el banquillo de una de las salas más amplias del Palacio Miramar se sentaron un ex empleado municipal de Parcemasa, y los responsables de las funerarias La Popular, La Malagueña, La Nueva y La Soledad. El fiscal les imputa los delitos de estafa y contra el respeto de los difuntos y pide en total 41 años de prisión. Ninguno de los acusados llegó a testificar.

Era tal la cantidad de abogados presentes que los letrados tuvieron que decir su nombre y apellidos antes de intervenir y en más de una ocasión necesitaron megafonía. Además del fiscal, y los abogados de la defensa, acudieron una docena de acusaciones particulares y otros tantos responsables civiles.

Carlos Larrañaga, abogado de José Manuel Olivares (Funesur), solicitó la nulidad de los escritos de acusación de Manuel Carlos Merino, Trinidad Bravo y otros, José Recio, Ramón Sánchez, Manuel Luque, y Rafael Ramírez porque han realizado "imputaciones que no se corresponden con la causa" y carecen de argumentos "sólidos y concretos". De aprobarse la petición, secundada a continuación por varios letrados de la defensa, la acusación de estos familiares correría a cargo del Ministerio Fiscal.

"El Ayuntamiento no puede ejercer una acción popular como acusación particular", afirmó Larrañaga, que también pidió su retirada del proceso. El letrado calificó de "intolerable" que el consistorio solicite una indemnización y responsabilidad civil, pues como acción popular, "sólo puede pedir responsabilidad penal". De Parcemasa, también presente en la acusación particular, dijo que estaba en una "situación esquizofrénica" es responsable civil.

Sobre su defendido dijo que no había pruebas de las 98 cremaciones que se le imputan. "No hay denuncia alguna" contra él, aseguró a la sala, excepto la de Josefa Rodríguez Berlanga, "que jamás ha comparecido ni se ha personado". Las partes se posicionarán hoy sobre las cuestiones previas planteadas, y la Sala tendrá que resolverlas.

Fernando García Guerrero-Strachan, abogado de José Francisco G.D., de la funeraria La Nueva, pidió un listado nuevo de incineraciones y los letrados de las aseguradoras de las funerarias precisaron que mantenían con las empresas un seguro comercial. El fiscal, Manuel Villén, pidió que se citara a la familiar afectada Josefa Piñeira Almansa.

A primera hora de la mañana de ayer, María del Carmen Zabala, familiar afectada, acudió a la audiencia. Un tanto desesperanzada, porque preveía la asistencia de más perjudicados, aseguró que su marido y sus suegros habían sido incinerados fraudulentamente. "Nos aconsejaron que era más barato llevarlos a Sevilla y nos costó unos 540 euros", explicó "Me dieron las cenizas de los tres en una caja".

La estafa fue descubierta en 1997 después de que el gerente del cementerio, Juan Oliva, denunciara que los crematorios se utilizaban sin control en horarios nocturnos. Según la acusación, en 1992, el empleado de Parcemasa Franciso Yepes comenzó a ofrecer a las funerarias servicios de cremación económicos, que realizaba por la noche y que no declaraba. Las cenizas se entregaban en bolsas no individualizadas y a los clientes se les decía que las cremaciones eran más baratas en otras provincias. En 1997 se inculpó a siete personas. El último de los procesados, detenido en 2002, fue sorprendido en un control rutinario con restos humanos en su vehículo.