Los ex presidentes instan a reclamar más autonomía

Andalucía tiene poco margen para aumentar sus competencias, pero aún quedan vías constitucionales por utilizar para elevar el nivel de autogobierno y resolver problemas no resueltos, especialmente en temas de agua, mediante la gestión de materias que son competencia del Estado. Esta fue una de las principales aportaciones que hicieron ayer los ex presidentes del Parlamento autonómico y el primer presidente electo de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, en la comisión de la Cámara andaluza que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía.

Escuredo: "El nacionalismo no se para hasta que consigue lo que quiere: la independencia. Con las cosas del comer no se juega".

Ojeda: "El Estatuto debe recoger un preámbulo político sobre el papel del andalucismo histórico y el protagonismo de los ciudadanos".

Marín Rite: "El Estatuto debe pronunciarse a favor de las acciones de discriminación positiva por la igualdad de la mujer".

Valderas: "La reforma debe ir en paralelo a las de Cataluña y País Vasco y orientar el alcance de la reforma constitucional".

Torres Vela: "Deberían resolver la deuda histórica antes del nuevo Estatuto. Es justo que se resuelva y establecer una cuantificación".

La comisión de Desarrollo Estatutario acogió con menos expectación que la que provocó en los medios de comunicación las primeras palabras de Rafael Escuredo en el Parlamento, una sede en la que no comparecía desde que dimitió en 1986. Tan sólo cuatro diputados y la presidenta de la comisión y de la Cámara, Mar Moreno, llegaron puntuales a la cita, aunque la delegación se fue poblando de diputados conforme pasaron los minutos.

Escuredo afirmó en el Parlamento lo que ha venido diciendo en sus intervenciones como promotor de la plataforma Andaluces Levantaos. Con un lenguaje habitual en él, pero que no es frecuente escuchar en la Cámara, advirtió contra los privilegios que, en su opinión, persiguen los nacionalistas "de la cornisa cantábrica y pirenaica" en el debate sobre el modelo territorial. "Me gustaría una España donde hubiera una olla en el centro de la mesa y 17 platos hondos. Si alguien quiere colmar el plato lo puede hacer, pero no neguemos el derecho a otros a que lo llenen ni obliguemos a nadie a administrar lo que no quiere", dijo.

El ex presidente de la Junta expresó su "temor" de que, tras el debate de cómo se definen las comunidades autónomas en la Constitución -nacionalidad, región o nación-, se establezcan a "largo plazo" determinados derechos en función de esas nominaciones. Escuredo dijo en el Parlamento algo que sus compañeros socialistas afirman en círculos muy restringidos. "El problema del modelo territorial no es Euskadi. Hoy, el problema político está en Cataluña, lo que vaya a resultar del Estatuto catalán va a depender de muchas cosas, querámoslo o no". No abundó más en esta reflexión ni en la reforma catalana que impulsa el Gobierno que preside el socialista Pasqual Maragall.

El ex presidente de la Junta animó a los ponentes del nuevo Estatuto a aprovechar "los portillos" que existen en la Constitución para aumentar el autogobierno. Citó expresamente el artículo 150.2 que permite "transferir o delegar" a las comunidades autónomas materias de titularidad estatal, una vía que también fue defendida por los ex presidentes del Parlamento Javier Torres Vela, José Antonio Marín Rite y Diego Valderas (IU), el único de los comparecientes de ayer que no milita en en el PSOE.

Los dos primeros propusieron esta salida para resolver problemas concretos no satisfechos como es el caso de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir o de los parques nacionales. Valderas, cuya formación defiende una reforma en profundidad de la Constitución, matizó que esta salida debe utilizarse de manera transitoria.

Una de las cosas que empiezan a quedar clara de las comparecencias es las diferencias que mantienen los comparecientes -casi todos ellos socialistas- sobre la organización territorial de la comunidad y el papel que deben jugar las diputaciones y los ayuntamientos. Escuredo se declaró "comarcalista" y abogó porque las "diputaciones dejen de ser lo que son"; Torres Vela afirmó que estas instituciones representan "una administración en declive" y se opuso a que se equipare la autonomía municipal con la de la comunidad autónoma; y Marín Rite discrepó con la teoría del PP de que es necesaria una segunda descentralización de las autonomías al poder local "porque supondría un debilitamiento importante" de la comunidad autónoma. En el otro lado se situaron Antonio Ojeda, partidario de que la comunidad transfiera competencias a ayuntamientos y diputaciones; y Valderas, que defendió la inclusión del pacto local.

"El reto a resolver es cómo encontrar una respuesta institucional a la realidad social" de movilidad de los ciudadanos, dijo Torres Vela, quien abogó por eliminar el artículo estatutario que otorga a las diputaciones la administración periférica de la Junta.

También quedó claro que los expertos no se ponen de acuerdo en el significado de la disposición adicional segunda del Estatuto (deuda histórica). Para Escuredo, Torres Vela y Marín Rite, el citado precepto estatutario tiene su origen en el déficit de las transferencias que Andalucía recibió al inicio del proceso autonómico y proponen un acuerdo político para zanjar este asunto. "Soy partidario de un cierre de la deuda histórica mediante el estudio, el análisis y saldar en la cuenta de resultados", dijo el ex presidente andaluz. "Deberían resolver este asunto antes del nuevo Estatuto. Es justo que se resuelva y establecer una cuantificación", afirmó Torres Vela. Ojeda y Valderas no vincularon la deuda histórica al momento inaugural de la autonomía, sino a la necesidad de que la comunidad reciba un trato especial hasta alcanzar los niveles de desarrollo similares a la media.

Todos, sin excepción, apelaron al consenso para sacar adelante la reforma e hicieron hincapié en la necesidad de que la reforma del Estatuto recoja los nuevos derechos ciudadanos. "El Estatuto debe pronunciarse a favor de acciones de discriminación positiva para la igualdad de la mujer", afirmó Marín Rite, que fue, junto con Torres Vela, el que más propuestas concretas hizo a la comisión. Este último defendió la inclusión de un paquete sobre calidad democrática de manera que, con el fin de garantizar la pluralidad, todos los grupos tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder a la información de las instituciones públicas. Ambos abogaron por modificar el propio procedimiento de reforma del Estatuto, de forma que no sea necesario convocar un referéndum.