¿Un pacto de Estado para la sanidad?

Proponer un pacto de Estado sobre la sanidad, o sobre lo que sea es una saludable norma de conducta política. Sin embargo, su uso para todo puede devaluar el alcance de lo que debe ser objeto de un pacto de Estado. Quizás por ello, lo primero que reclamamos es un marco conceptual, y en su caso normativo, de lo que debe ser esa figura de acuerdo máximo.

El vicepresidente segundo del Gobierno, señor Solbes, ha manifestado que consideraba "imprescindible un pacto de Estado, similar al de Toledo sobre pensiones, para garantizar la continuidad del Sistema (SNS)". Al parecer, lo que le preocupa son los más de 2.000 millones de euros de deuda del Servicio de Salud de Cataluña. Pero ya Madrid acaba de sumar otros más de 800 millones de euros; y Andalucía, Valencia, Galicia, etcétera. ¿Cuántos?

No hace tanto tiempo, el 27 de julio de 2001, se alcanzó un acuerdo que se parecía bastante a esa figura indefinida del pacto de Estado. Un nuevo Sistema de Financiación Estable de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social consensuado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas por el Gobierno (PP), la mayoría de los grupos de la oposición y las CC AA (plasmado en las Leyes 21/2001 y Orgánica 7/2001 de 27 de diciembre). Entonces, UGT y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) nos manifestamos sobre los déficit de este acuerdo.

Casi tres años después, desafortunadamente nuestras dudas mantienen su vigencia.

1. La asistencia sanitaria es, en nuestro ordenamiento, una prestación universal -para todos los ciudadanos- en el ámbito de la Seguridad Social y de carácter no contributivo. Debe entenderse como un servicio público fundamental que como tal debe ser igual para todos los ciudadanos del Estado y es éste, en última instancia, el garante del mismo.

2. Corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con la ordenación de sus respectivos servicios de salud, la gestión de dicha prestación en pro de la mayor eficiencia de la misma.

3. No compartimos, ni entonces ni ahora, la intención de dar prioridad a los aspectos financieros en detrimento de la consideración social de la protección sanitaria. Y la propuesta del "pacto de Estado" del señor Solbes parece abundar en ello.

4. Ya mostramos nuestra preocupación sobre que el incremento de dotaciones presupuestarias en el corto plazo, que motivó a las CC AA para la firma del acuerdo de 2001, supusiera eficazmente un aumento de gasto sanitario, en el medio y largo plazo. Máxime si el sostenimiento de este gasto, por parte de dichas CC AA, a partir de los tres años (2002, 2003 y 2004) de compromiso del Estado, debería ser financiado por éstas.

5. El PSOE, ahora en el Gobierno, puede retomar nuestra propuesta sobre la creación de un Fondo de la Seguridad Social para la Cohesión del SNS, que incorporó a sus enmiendas al borrador de anteproyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

6. Es necesario saber cuánto dinero es necesario para financiar el Sistema Nacional de Salud y cómo se reparte. Así lo manifestaba también el secretario general de Sanidad, doctor Lamata, cuando era consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha, quien precisaba que en los últimos diez años el gasto sanitario público se ha mantenido en el 5,5% del PIB y debería acercarse a la media de la UE (el 6,7%). Decía entonces, y también compartimos, que el espacio fiscal es uno y que la financiación debe venir del Estado.

Desde UGT, saludamos positivamente que la sanidad sea motivo de preocupación prioritaria de nuestros políticos. Pero les pediríamos que esa preocupación no sea intencionadamente maliciosa, como pudiera deducirse del énfasis puesto en el gasto. Nuestro SNS supera holgadamente, en cantidad y calidad, la media de los mejores comparables, y en cuanto al coste, el resultado es "milagroso", aunque el milagro no sea tal: unos magníficos profesionales muy mal remunerados y unos medios físicos y tecnológicos muy mejorables.

Queremos que se estudie en profundidad toda la problemática del gasto farmacéutico, que siempre se sitúa como clave para la sostenibilidad del SNS. Pero debe analizarse incluyendo los factores intrínsecos que pueden condicionarlo, como tiempos insuficientes de consulta, información y formación inadecuada de criterios terapéuticos, aparente inflación de la factura real en farmacia, entre otras causas por la subfinanciación global, ya citada, del sistema, etcétera; y también los factores extrínsecos: en relación con la I+D+i, los inputs de carácter industrial, laboral y económicos, etcétera. Y evaluar todo ello conjuntamente. No debe volverse nuevamente a medidas coyunturales, como ha ocurrido siempre en el pasado.

La creciente demanda de atención sanitaria por los ciudadanos, que tiene que ver, muchas veces, con expectativas más que con reales mejoras de salud, sí podría dar pie a un pacto de Estado, entendido como acuerdo en las políticas de prestaciones para no utilizarlas como armas de la lucha partidista. El modelo de Estado de las autonomías hace, a veces, muy atractivo su uso electoral; y es evidente que las CC AA, en el uso legítimo de la capacidad de gestión de los diversos servicios de salud, han generado importantes diferencias en la cantidad y el nivel de las prestaciones ofertadas. Quizás, y para que no se repita el error, no está de más recordar lo que decíamos al respecto sobre el acuerdo de julio de 2001, "... El actual acuerdo no acota, a nuestro entender, suficientemente este peligroso inicio de desigualdad y, aunque habla de asignaciones de nivelación, una inconcreción en este parámetro podría ocasionar una escalada imparable de gasto o, en sentido inverso, una heterogeneidad asistencial absoluta. Es decir: prestación de los servicios públicos fundamentales a un nivel adecuado es, en el contexto que contemplamos, una indefinición total".

¡Que no se repita!

Jesús Pérez Martínez y Miguel Ángel Zamarrón Moreno son, respectivamente, secretario ejecutivo confederal de UGT y coordinador confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT. Ambos son miembros del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del SNS.