Fundamentar la elección pública

La evaluación económica de proyectos de inversión y de políticas públicas forma parte del mínimo rigor con que debería conducirse la acción política. Ambas utilidades son las que aporta el Análisis Coste-Beneficio. No es la sustitución de la elección pública lo que permite esa herramienta, sino facilitarla, determinando la idoneidad de determinadas acciones o proyectos públicos (independientemente de que los acometa el propio sector público o el sector privado), mediante la cuantificación de los diferentes factores positivos y negativos e, incluso, la del resultado. Trata, en definitiva, de reproducir a escala social el comportamiento racional de un agente privado cuando sopesa las ventajas e inconvenientes de una acción no trivial.

La misma racionalidad y búsqueda de la eficiencia que subyace en la utilización de tales técnicas por la empresa privada son vigentes en las decisiones públicas. El soporte analítico que trata de evaluar ex ante la viabilidad de un proyecto o decisión empresarial es igualmente válido para las acciones públicas, con la diferencia, no poco importante, de que el fin en este último caso ha de ser el aumento del bienestar social. A diferencia del análisis de proyectos privados, la comparación relevante no es entre ingresos con costes, sino beneficios sociales con costes de la misma naturaleza: todos los efectos significativos, con independencia de a quiénes beneficien o perjudiquen.

La construcción de infraestructuras básicas, las políticas medioambientales, la alteración de impuestos o de subvenciones o la privatización de una empresa, formarían parte de proyectos y políticas que siguen otorgando vigencia a una herramienta en modo alguno nueva, pero que se ha visto reforzada metodológicamente en los últimos años.

Un reflejo de esos avances se contiene en el libro de Ginés de Rus, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. No es éste el primer libro de análisis coste-beneficio que se publica en España (el autor da cumplida cuenta de antecedentes relevantes dentro y fuera de nuestro país) , pero sí es el que probablemente dispone de un alcance más amplio y el que, teniendo una completa vigencia, está destinado a un público también más diverso, decisores públicos incluidos.

Se trata de la segunda edición, notablemente revisada y ampliada, del que tanta aceptación tuvo en 2001. La primera parte ofrece los fundamentos teóricos, métodos e instrumentos que permiten el análisis de proyectos de inversión y la valoración de políticas públicas. Lo hace sin sacrificar la orientación fundamentalmente aplicada que preside el conjunto de la obra.

Los cuatro capítulos finales abordan casos tan concretos como relevantes para la economía española. La aplicación a la privatización de empresas públicas, con especial referencia al transporte público de autobuses en España es el primero de ellos. Le sigue el correspondiente al sector turístico, objeto de otros trabajos del autor, con consideraciones de gran vigencia, a tenor de la madurez en la que está inmerso ese sector en nuestro país. El capítulo dedicado a la construcción de infraestructuras se aplica al análisis de la inversión en el tren de alta velocidad (AVE), con conclusiones no menos significativas. Cierra el libro un capítulo destinado a dos aspectos ciertamente claves en la regulación de la participación privada en proyectos públicos, el sistema concesional y la regulación de precios.

Una obra cuya indudable utilidad no puede disociarse de su rabiosa vigencia en un país con un Gobierno recién estrenado, cuyo partido hizo de la evaluación de las políticas públicas y de la transparencia y rigor de las decisiones de inversión uno de sus principales argumentos. Una ocasión, en definitiva, para esmerar la aplicación de esas herramientas, conviniendo en que hacerlo es, en todo caso, un esfuerzo con beneficios superiores a sus costes.