Marín redactará un borrador para la reforma del Reglamento del Congreso

El presidente del Congreso, Manuel Marín, logró ayer que el grupo de trabajo que venía debatiendo la reforma del Reglamento de la Cámara delegue en él la elaboración de un texto articulado, que volverá a ser discutido por este grupo informal y que, al margen del grado de acuerdo que pueda alcanzarse, pasará a la Comisión de Reglamento, donde los grupos manifestarán sus posiciones.

Fuentes de la presidencia señalan que Marín ha querido evitar la creación de una ponencia formal, ya que esta fórmula fue usada en legislaturas anteriores por los grupos parlamentarios para conseguir que fuesen languideciendo los trabajos hasta que quedar aparcados durante 12 años. Tras la reunión de ayer hay seis capítulos importantes en los que hay aproximaciones, pero no se ha logrado cerrar un acuerdo: el régimen lingüístico, la constitución de grupos parlamentarios, el control del Gobierno, el procedimiento legislativo, las comisiones de investigación y la Oficina Presupuestaria.

En el régimen lingüístico, la mayoría está de acuerdo en que el uso de lenguas oficiales de distintas regiones debe quedar reservado al Senado. En este punto, ERC muestra la postura más intransigente. En cuanto a los grupos parlamentarios, existe una aproximación para que puedan crearse con un mínimo de tres diputados y un 10% de los votos obtenidos por el partido en las elecciones. Se trata de evitar que partidos que no consiguen los cinco diputados que ahora exige el reglamento reciben prestamos para lograr constituirse.

El procedimiento legislativo sufriría profundas reformas para impedir que lleguen enmiendas parciales al Pleno del Congreso. Los proyectos de ley iniciarían su tramitación con un debate de totalidad, de contenido político para pasar a ponencia y comisión, donde habrían de debatirse y aprobarse o rechazarse las enmiendas y volver al pleno para un debate final. En cuanto al control del Gobierno se introduce la figura de la interpelación al presidente del Gobierno. La segunda innovación, es que podrán presentarse preguntas orales al Gobierno hasta 24 horas antes de que comience la sesión.