Golpe policial al tráfico de madera protegida

Más de 33 toneladas de madera de la especie Dalbergia nigra, más conocida como palosanto de Río, han sido decomisadas por la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid tras dos años de investigaciones. El convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres (Citex) prohíbe desde 1992 la venta y distribución de este tipo de madera, que llegaba procedente de Brasil. Dadas sus características, se utiliza fundamentalmente para construir instrumentos musicales como guitarras clásicas, bandurrias o baquetas, según informó ayer el instituto armado.

Las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Madrid comenzaron en octubre de 2002. Los agentes hicieron un censo de la cantidad de madera de palosanto que tenían distintas empresas dedicadas a fabricar diferentes objetos, en su mayoría instrumentos musicales. Los investigadores descubrieron que la diferencia entre la cantidad de madera que afirmaban tener censada estas empresas y lo que realmente había en sus almacenes era enorme: milagrosamente, las existencias habían crecido. Esto indujo a pensar a la Guardia Civil que había una importante red de introducción y tráfico de palosanto del Río.

Para obtener la cantidad de madera incautada fueron talados más de mil árboles

Los agentes del instituto armado registraron 21 empresas en las provincias de Madrid, Cuenca, Granada y Valencia. Allí fueron intervenidas más de 33 toneladas de la madera, 2.168 juegos de fondos de guitarra, 2.573 juegos de aros para guitarra, 983 baquetas, 2.625 puentes de guitarra, 300 palos, 46 juegos de bandurria, 12 metros cúbicos de piezas y 25 guitarras. "En total hay imputadas una treintena de personas, aunque los principales son seis. Calculamos que para extraer esa cantidad de madera ha sido necesario talar más de 1.000 árboles", explicó ayer el comandante de Madrid José Navarro y el capitán jefe del Seprona, Carlos Alonso.

La forma de actuar de las empresas investigadas era siempre la misma. Importaban la madera en barco desde Brasil. Para pasar los controles de aduanas, la camuflaban bajo la denominación de madera de cocobolo y caviuna, cuyo color y dureza es prácticamente igual. El palosanto lo recibían principalmente dos empresas radicadas en Madrid y una tercera en Valencia. Desde allí la comercializaban a Cuenca y Granada, además de a terceros países como Estados Unidos, Alemania, Japón o Canadá, entre otros.

Pagaban por cada kilo de madera Dalbergia Nigra unos 90 euros, aunque ese precio subía si el comprador no solicitaba el certificado Citex que requiere esta mercancía para ser comercializada. "Los instrumentos que se fabrican con esta madera, en especial las guitarras clásicas, llegan a alcanzar un precio de 6.000 euros", subraya Carlos Alonso.

El principal problema que encontraron los investigadores llegó al tener que determinar las características de la especie Dalbergia nigra y poder diferenciarla así de otras maderas de la misma familia. Para ello acudieron a la huella genética: el ADN. Los agentes del Seprona solicitaron la ayuda del Laboratorio de Tecnología de la Madera de la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid y del Laboratorio de Tejidos y ADN del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ambos lograron identificar esta madera, que se caracteriza por su ausencia de poros y calcio, la doble hilera de filamentos y una sensación olorosa agradable, entre otros detalles, según el capitán jefe del Seprona de Madrid. "Siempre tenían este tipo de madera mezclada con otras especies de apariencia similar para dificultar su identificación por parte de los inspectores y agentes del Seprona. Éstos han tenido que recurrir a análisis microscópicos y al propio ADN", comentó el capitán Alonso.

La Fiscalía de Medio Ambiente se encarga ahora del caso. Los presuntos culpables están acusados de un delito de fraude continuado o de contrabando, en el caso de que el precio de la madera decomisada supere los 18.036 euros. La condena por este delito, recogido en el reglamento de la Ley de Contrabando, puede alcanzar hasta los siete años de cárcel, según informó ayer el instituto armado. "Las empresas siempre nos presentaban una documentación muy farragosa y en la que no quedaba clara la venta y distribución de este tipo de madera, con el fin de enmascarar el supuesto delito continuado que estaban cometiendo. Ha sido un trabajo largo de análisis de mucha documentación, porque había muchos desajustes contables", explicó el jefe del Seprona.

En el caso de que la valoración no alcance esa cifra, entra en juego la Agencia Tributaria para que tributen los correspondientes aranceles aduaneros y legalicen ese material ilícito, de acuerdo al convenio Citex.

¿Qué pasará con la madera decomisada? En principio, será la autoridad judicial la que determine cuál es su uso tras celebrarse los juicios por estos casos. Caben dos posibilidades: puede ser destruida o -lo más probable- puede ser vendida en pública subasta a la que podrían concurrir las empresas importadoras. "La operación sigue abierta. Ahora esperamos que otros países hagan servicios similares, ya que nosotros hemos dado un paso muy importante", concluyó el capitán del Seprona.