El Gobierno regula con un año de retraso el impuesto 'verde' por contaminación y vertidos al litoral

El Gobierno andaluz aprobó ayer con casi un año de retraso un decreto por el que se regulan dos de los cuatro impuestos ecológicos creados a finales de 2003 a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2004. Economía y Hacienda había estimado recaudar con los gravámenes verdes 40,9 millones de euros para este ejercicio, una previsión que el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, rebajó a 30,6 millones en un reciente comparecencia parlamentaria. Esta cifra, finalmente, se verá "notablemente afectada" por el retraso, según afirmó ayer el portavoz del Ejecutivo, Enrique Cervera.

El decreto regula el impuesto de emisión de gases a la atmósfera y de los vertidos al litoral. Por el primero de ellos, la Junta calculó recaudar 12,5 millones de euros de 36 contribuyentes y 3,6 millones de euros de 68 contribuyentes por el segundo. La normativa aprobada ayer fija el modo para determinar la base imponible y establece las deducciones a las que pueden acogerse las empresas.

Según Cervera, las medidas de fiscalidad ecológica -aprobadas a final de la legislatura pasada por el compromiso electoral del PSOE con Los Verdes- no persiguen tanto un afán recaudatorio como el de "estimular un comportamiento de las empresas más racional con el medio ambiente".

Griñán atribuyó en el Parlamento el retraso en la aprobación de la normativa a su "complejidad técnica". Los otros dos impuestos verdes gravan el depósito de residuos radiactivos y los residuos peligrosos. Por el primero se estimó unos ingresos de 10,4 millones de un solo contribuyente (Enresa) y 3,9 millones por el segundo procedentes de dos instalaciones (los vertederos de Nerva y Jerez). Ambos gravámenes están en vigor ya que no necesitan de desarrollo normativo, aunque el primero de ellos sólo se empezó a aplicar a partir de agosto, una vez que el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero no siguió adelante con el recurso presentado por el anterior Ejecutivo del PP ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno acordó ayer iniciar los trámites del anteproyecto de ley del Estatuto de los Andaluces en el Exterior que recogerá los derechos y obligaciones de los emigrantes en los ámbitos político, social, asistencial y cultural. También se establecerán medidas para facilitar su retorno. En la actualidad hay entre 1,5 y dos millones de andaluces fuera de la comunidad y hay censadas un total de 370 asociaciones, de las que el 83% se encuentran otras comunidades autónomas.

La futura norma anula el requisito que se exige ahora de que los emigrantes acrediten un mínimo de un año de residencia en Andalucía para poder acceder a una vivienda de protección oficial, según afirmó la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo.