Un infierno en los mares del sur

El 15 de enero de 1790, el capitán Fletcher Christian llegó a la remota isla de Pitcairn, al suroeste de Tahití, en el Pacífico Sur. Allí se instaló con un puñado de fieles, buscando refugio y escondite para eludir a las autoridades británicas después de haberse amotinado contra el capitán William Bligh y hacerse con el timón del HMS Bounty. Decenios después, su historia sería inmortalizada por cinco películas y Fletcher Christian adquiriría para siempre el rostro de Marlon Brando.

La justicia británica ha llegado ahora a Pitcairn, pero no en busca del capitán rebelde, sino para juzgar a siete de los 12 hombres adultos de la isla, incluidos algunos descendientes directos del propio capitán Christian. Los siete están acusados de practicar sexo con menores de edad y de varias violaciones, tanto a mayores como a menores de edad.

Dos de los siete acusados ya se han declarado culpables. Primero fue el cartero de la isla, Dennis Christian, de 49 años, el que se declaró culpable de asaltar sexualmente a una niña de 12 años y de otros dos cargos no desvelados. Luego ha sido el tractorista Dave Brown, también de 49 años, que se declaró culpable de tres cargos de asalto indecente, pero negó otras 12 acusaciones. Entre los acusados está Len Brown, un hombre de 78 años que debe responder por violaciones que habrían ocurrido entre 1969 y 1972.

Los hombres de Fletcher se amotinaron contra Bligh tras conocer la sensualidad hedonista de los mares del sur. Sus descendientes parecen haber transformado ese paraíso en una especie de medieval derecho de pernada que choca con la moral y las leyes contemporáneas. O al menos las de la metrópoli británica, donde la vida sigue un curso muy distinto de la que llevaban los 47 habitantes de este territorio de cinco kilómetros cuadrados que depende formalmente del Reino Unido, utiliza la moneda de Nueva Zelanda, vive sobre todo de las emisiones filatélicas que compran coleccionistas de medio mundo y que, pese a su modestia, tiene su propio dominio de Internet (el que acaba en .pn).

Todo empezó a cambiar en la isla en 1999, cuando una policía británica que pasó una temporada en Pitcairn tuvo conocimiento a través de una mujer de las prácticas de sexo con menores y violaciones. El caso, investigado por Nueva Zelanda, fue creciendo hasta concretarse en acusaciones contra siete varones. Hace dos semanas llegó a la isla el equipo de magistrados, abogados, policías y periodistas encargados del caso. En total 25 personas, que elevaron por un tiempo la población local hasta niveles nunca vistos desde los años sesenta, aunque muy lejos de los 233 residentes registrados en 1937.

El juicio ha dividido a la población de la isla y a los juristas del mundo. Éstos discrepan entre quienes creen que no se puede aplicar en Pitcairn la misma legislación que en Londres y que hay que tener en cuenta el aislamiento y las costumbres locales, que siempre han admitido el sexo consentido con niñas de 12 o 13 años, y quienes piensan que una violación es una violación en cualquier parte.

Muchas de las mujeres que han presentado acusaciones llevan meses viviendo en Nueva Zelanda para evitar represalias, y algunas se han retractado. Las autoridades han requisado temporalmente las 22 armas de que disponían los isleños para evitar complicaciones.

Una de las grandes preocupaciones de los isleños es que el juicio acabe despoblando Pitcairn. Sus efectos económicos pueden no ser desdeñables si se tiene en cuenta que los siete adultos acusados suponen más de la mitad de la mano de obra masculina disponible y su condena podría poner en peligro, por ejemplo, la llegada de las barcazas a la isla, que deben ser amarradas con presteza y esfuerzo físico y suponen el único modo de llegar a Pitcairn.