Rusia, ¿democracia o imperio?

¿Democracia o Estado? Con el pretexto de luchar contra el separatismo y el terror, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y los ideólogos del Kremlin están reduciendo la vida política de su país a un dilema simplista, que oculta intereses personales y realidades más complejas. Los actuales moradores del Kremlin sacrifican el frágil y arduo desarrollo del pluralismo político, sembrado por la perestroika allá en los años ochenta, a una nueva versión corporativista del Estado autoritario y centralizado, con el que se sienten más familiarizados.

Desde el verano, en los canales centrales de la televisión, controlados por el Kremlin, no queda ni un solo foro de debate en directo en el que oponerse a los políticos y comentaristas que presentan la "democracia occidental" como un fenómeno "ajeno" e incluso "hostil" a Rusia y olvidan que este país, por voluntad propia, es miembro del Consejo de Europa y ha firmado múltiples compromisos internacionales.

115 políticos de Europa y EE UU han expresado su preocupación por la gestión de Putin

Piezas del nuevo diseño autoritario serán los gobernadores nombrados a dedo por el presidente (en lugar de elegidos), los alcaldes también nombrados (en ciudades importantes por lo menos, según ideas que circulan en el Kremlin), partidos-clones para escenificar una pseudoalternativa, tal vez nuevas restricciones para evitar que algún pequeño partido incontrolado se cuele en el Parlamento y una nueva y severa ley de prensa, para cerrar la boca a los medios (prensa escrita y algunas emisoras) que mantienen hoy la libertad de expresión.

Stanislav Surkov, el vicejefe de la administración del Kremlin, que estuvo vinculado a los negocios del magnate Mijaíl Jodorkovski en el pasado, es el ideólogo de estas transformaciones. El "trauma de nacimiento" del parlamentarismo es el "estar pendiente de las elecciones", ha dicho el funcionario, que ha denunciado la existencia en Rusia de una "quinta columna de radicales de izquierda y de derecha" con "patrocinadores comunes de origen extranjero" y unidos por un "odio a Putin" que de hecho es "odio a Rusia como tal".

En la visión corporativista de Surkov, "la modernización y la solidaridad de las grandes empresas públicas, las asociaciones profesionales y las confesiones religiosas, la burocracia estatal y los partidos políticos, las organizaciones de derechos humanos y el sistema judicial y policial, llevarán a Rusia a la victoria". Sobre el terreno, lo que prima es el abuso y no la solidaridad.

El Kremlin ha indicado que quiere acabar con el sistema de repúblicas-nación, es decir, las administraciones territoriales modeladas en época de la URSS en función de una comunidad cultural o étnica dominante, como Tatarstán o Yakutia, por ejemplo. Rusia, ha dicho Surkov, "es la única federación en el mundo" integrada por territorios que pueden tener el rango de "repúblicas nacionales". El proyecto de ley del Kremlin para convertir a los gobernadores en funcionarios administrativos no hace excepciones con los presidentes de las repúblicas nacionales. Formalmente, dirigentes regionales como el presidente de Tatarstán, Mintimer Shamíev, han aplaudido la reforma. Bajo la superficie, no obstante, las élites nacionales se resisten a renunciar a los restos del poder político y económico que acumularon en época de Borís Yeltsin (y que Putin les ha ido arrebatando paulatinamente después). El centralismo de Moscú puede agudizar las tensiones actuales, al privarlas de un cauce de expresión, y propiciar tendencias centrífugas hoy en estado latente. El imperio soviético se ha desintegrado, pero el imperio ruso sigue existiendo, señala la socióloga Olga Kryshtanovskaya. El Kremlin, señala, está decidido a impedir que este imperio siga reduciéndose, pero ha cometido el "error fatal" de "despreciar la política nacional", lo que "lleva al nacionalismo".

En Occidente hay preocupación por la política del Kremlin, como lo demuestra la carta de advertencia que 115 políticos europeos y norteamericanos han escrito al presidente de EE UU, George W. Bush, y a los gobiernos de los países de la OTAN. Entre los firmantes de este mensaje están el ex presidente checo Vaclav Hável, el ex primer ministro sueco Karl Bildt, el italiano Giuliano Amato y políticos alemanes desde democristianos a verdes.

En Rusia, sin embargo, la política se mide por otros baremos y el porcentaje de ciudadanos que aprueban la gestión de Putin ha aumentado a un 72%, tras bajar hasta el 66% tras el secuestro terrorista en Beslán. En cuanto a los proyectos para construir la vertical de poder, un 44% de los rusos aprueba que los gobernadores sean nombrados (y no elegidos) frente a un 42% en contra, según un sondeo del centro sociológico de Yuri Levada. Como máximo, un 35% de los rusos está dispuesto a defender en mayor o menor medida las libertades democráticas frente a las restricciones en nombre de la lucha contra el terrorismo, afirma el sociólogo Leonid Sedov. Un 82% de los rusos, dice, aprueban que los órganos de seguridad de su país "liquiden" a los terroristas en el extranjero sin más ceremonias. No es sorprendente, pues, que en los pasillos del Parlamento se hable de suprimir la "presunción de inocencia" o que se constituyan fondos para premiar la denuncia de actos terroristas en incubación o que la Comisión de Política Informativa del Consejo de la Federación (Cámara alta del Parlamento) se refiriera a la necesidad de introducir "censura normativa" en la nueva legislación de prensa sin acordarse del derecho del ciudadano a la información.

El autoritarismo actual puede transformarse en "totalitarismo" por la falta de resistencia de la sociedad, afirma Kryshtanóvskaya. "Los sectores económicos, intelectuales y demócratas no saben qué hacer. No hay líderes que puedan encabezar el movimiento de protesta. Las autoridades se mueven como si estuvieran en el vacío, sin sentir ninguna resistencia, y puede que quienes detentan el poder a veces tengan la sensación de que se hunden en este vacío", señala.