El Constitucional anula una multa de tráfico por estar mal notificada
El Tribunal Constitucional ha amparado a un automovilista madrileño y ha anulado por medio de una sentencia una multa de tráfico que le impuso el Ayuntamiento de Madrid en 2001. La razón que aduce el alto tribunal para estimar el recurso es que la sanción no fue notificada debidamente al conductor (el automovilista sólo se enteró de la multa cuando le llegó la notificación municipal de embargo por impago). Y esto, según el tribunal, causa "indefensión" al automovilista.
La Asociación de Automovilistas Europeos (AEA) pide la anulación de 400.000 sanciones que se encuentran en una situación similar en Madrid. El Ayuntamiento de la capital, aunque acepta la resolución judicial, replica que el hecho es un caso "puntual" y afirma que no piensa anular ninguna multa más que la recurrida, según informó un portavoz.
La historia de esta multa se remonta a 2001. Entonces, un empleado aparcó el coche de su empresa en un lugar indebido y la Policía Municipal le puso una multa, que dirigió contra la firma propietaria del vehículo. Pero la empresa en cuestión se había cambiado de domicilio y nadie respondió a las notificaciones. Aunque el Ayuntamiento no encontró el domicilio de la empresa, mandó dos requerimientos de pago a la vieja dirección y luego se limitó a publicar la sanción en el Boletín de la Comunidad de Madrid (BOCAM).
Seguidamente, el Ayuntamiento hizo gestiones con el Registro Mercantil y encontró la nueva dirección de la firma, pero se limitó a enviarle la notificación de embargo. La empresa recurrió la multa ante el propio Ayuntamiento y, como no le hicieron caso, se fue a los tribunales. El Constitucional le ha dado la razón.
Segunda sentencia
No es la primera vez que el alto tribunal se ocupa de un asunto tan aparentemente baladí como una multa de tráfico. Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos recuerda que hace un año y medio el Tribunal Constitucional dictó una sentencia "de contenido similar". "Pese a eso", prosigue Arnaldo, "el Ayuntamiento sigue haciendo las cosas mal, y continúa creyendo que, si no encuentra al aludido en casa, basta publicar su nombre en el BOCAM para que éste se dé por correctamente informado".
Por su parte, Javier Conde, director general de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, asegura que el municipio "acepta la sentencia, como no podría ser de otra manera", señala, "pero no está de acuerdo con su planteamiento".
Conde añade que el caso "es puntual" y que "naturalmente" no se va a proceder a la anulación de las 400.000 sanciones pedidas por Arnaldo. "Hubo un error que se subsanará. Además, es muy triste que por un resquicio legal una persona que aparca en doble fila o en carril-bus quede impune", añade.
