Ley unánime

El proyecto de ley integral contra la violencia de género obtuvo ayer en el Congreso un respaldo parlamentario poco habitual: todos los grupos, incluido el PP, votaron a favor de un texto que, tras su paso por el Senado, se convertirá en la primera ley de esta legislatura. La unanimidad alcanzada tiene que ver con el rechazo frontal de la violencia doméstica contra la mujer y con el deseo de todos los grupos de no quedar a la zaga en la lucha contra esa lacra social que en lo que va de año ha provocado la muerte de 55 mujeres. En el caso del PP, su voto a favor adquiere especial significación tras oponerse, por considerarla superflua, a una ley de este tipo en la anterior legislatura. Y para el Gobierno de Zapatero significa cumplir un punto especialmente significativo de su programa.

El texto aprobado ayer mejora en muchos de sus aspectos el remitido en su día por el Gobierno. El grupo socialista ha sido receptivo a enmiendas de otros partidos y a algunas sugerencias de órganos consultivos como el Consejo de Estado. En ese sentido, es importante que se haya otorgado especial protección penal a los hijos y a otros miembros vulnerables del grupo familiar, víctimas colaterales de la violencia doméstica y que, por su situación de dependencia, pueden encontrarse en mayor indefensión aún que la mujer adulta. Era una de las carencias más llamativas del texto del Gobierno.

El texto aprobado por el Congreso insiste, sin embargo, en mantener la discriminación positiva directa a favor de la mujer en el ámbito penal, agravando la sanción de los actos de violencia doméstica ejercida contra ella no en virtud de su específica naturaleza delictiva, sino por la condición de hombre de su agresor. Se trata, sin duda, de una manifestación exacerbada del antiguo derecho penal de autor, que ha merecido serias reservas por parte de los órganos consultivos y de numerosos expertos jurídicos.

La unanimidad parlamentaria no basta para desactivar los riesgos de inconstitucionalidad que puede encerrar ese aspecto concreto de la ley. Quizá por ello, el Consejo de Estado aconsejó una discriminación penal indirecta, castigando especialmente la violencia sufrida por la mujer en virtud de sus relaciones de afectividad con el agresor y no en consideración a su sexo. Sería lamentable que una ley necesaria encontrara problemas en su aplicación futura. Sus detractores se frotarían las manos.