La juez abre juicio oral contra Botín por las cesiones de crédito

Acusa al presidente del Santander de falsedad y 30 delitos fiscales

La juez Teresa Palacios dictó ayer un auto por el que abre juicio oral contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otros tres antiguos directivos de la entidad -Rodrigo Echenique, actual consejero del banco, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso- por su participación en el caso de las cesiones de crédito de nuda propiedad, unos activos financieros fiscalmente opacos que el banco comercializó a finales de los ochenta. Botín, Echenique, Uclés y Alonso están acusados de cuatro delitos continuados de falsedad y treinta delitos contra la Hacienda pública.

La magistrada ha fijado una fianza de 67,7 millones de euros para Botín y los ex directivos del Santander, de forma solidaria, para hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran declararse en el proceso. Además, también serán juzgados un total de 28 clientes del banco a los que únicamente se acusa de un delito fiscal.

Sin embargo, la juez ha decidido no abrir juicio oral para otros seis clientes que inicialmente estaban acusados, pero que o bien han fallecido -dos casos- o no llegan a los 120.000 euros de defraudación, por lo que por aplicación del nuevo Código Penal, que ha entrado en vigor el 1 de octubre, su conducta no constituye delito.

El caso será juzgado por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por su titular, Javier Gómez Bermúdez.

El fiscal no acusa

La magistrada ha puntualizado en su escrito que ni el fiscal ni el abogado del Estado ha formulado escrito de acusación.

El Grupo Santander emitió ayer un comunicado en el que reiteró "la absoluta legalidad de todas sus actuaciones en los hechos investigados" y manifestó "su total disconformidad con la decisión judicial, que ha sido dictada a petición únicamente de una acusación popular, carente de legitimación y a pesar de la petición de sobreseimiento y archivo reiteradamente realizada tanto por el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, como por el ministerio fiscal".

El banco recuerda que el 23 de junio de 2003, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoció que "la comercialización de este producto se desarrollo dentro de la más estricta legalidad", por lo que ningún reproche delictivo le es imputable por ese concepto".

Efectivamente, tanto el fiscal como el abogado del Estado han solicitado en varias ocasiones, desde el 12 de julio de 1998, el archivo de la causa contra Botín y los ex directivos del Santander. Sin embargo, la juez Palacios siempre se negó al archivo del procedimiento.

Las acusaciones, que fueron iniciadas por José María Ruiz-Mateos, mostraron su satisfacción por la decisión de la magistrada. Así, la asoaciación de usuarios Adicae, que se sumó a las mismas, aplaudió la decisión porque "supone un respaldo a la necesaria transparencia en la gestión de las entidades financieras" y anunció que apoyará todas aquellas medidas judiciales encaminadas a averiguar y enjuiciar con independencia e imparcialidad los hechos que se imputan a Botín y los antiguos directivos del Banco Santander.

El caso de las cesiones de crédito se refiere a 45.000 operaciones de esa naturaleza, con un importe de 439.459 millones de pesetas en depósitos a los que se atribuía opacidad, según la Fiscalía Anticorrupción. Las operaciones fueron realizadas por una serie de clientes del Banco Santander, que actuaron con identidades falsas en 8.282 casos. El banco demostró ya en 1999 que los rendimientos del capital que habían producido las cesiones de crédito se habían regularizado al 100%, y los principales, al 99%.

Éste no es el único caso que Botín tiene pendiente en la Audiencia Nacional, ya que el pasado mes de abril también la juez Teresa Palacios abrió juicio oral contra el presidente del Santander, el copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente Ángel Coscóstegui por delitos de apropiación indebida y administración desleal. También el fiscal en este caso afirmó que las bonificaciones millonarias percibidas por Amusátegui y Corcóstegui no constituían delito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 06 de octubre de 2004.

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