El Gobierno se compromete a reducir el 80% del papeleo que pide a los ciudadanos

El Gobierno se da cuatro años de plazo para reducir en un 80% el papeleo que castiga al ciudadano en sus relaciones con el Estado, comunidad o Ayuntamiento.

El objetivo es reducir duplicidades, burocracia y colas en las ventanillas. Para ello, el Gobierno va a trasladar "la carga de la prueba" al organismo tramitador, que será el encargado de comprobar la exactitud de los datos presentados por el administrado. Al revés de la situación actual, donde es el ciudadano quien tiene que demostrar, con papeleo, lo que es.

Los ejemplos son múltiples. Si se trata de renovar el DNI, el ciudadano ya no deberá entregar el certificado del padrón emitido en los últimos tres meses por cambio de domicilio; Interior se lo pedirá directamente al Ayuntamiento de turno.

Otro ejemplo es el certificado empresarial con los últimos 180 días cotizados, que el Inem exige al parado cuando solicita el subsidio de desempleo. Ese dato ya está en poder de la Seguridad Social, porque, desde hace tiempo, las empresas envían por Red las altas y bajas laborales y las incapacidades transitorias.

El desarrollo de sistemas de intercambio electrónico de datos entre los diferentes organismos públicos no implicará "más control" sobre las actividades de los ciudadanos, pero sí una mejor "detección de errores e incoherencias", según el actual director general para la modernización de las Administraciones Públicas, Domingo Laborda.

Este proyecto, junto a la paulatina implantación del DNI digital a partir de enero, son las dos prioridades de Conecta, el plan con el que el Gobierno quiere agilizar las relaciones de administrados y administradores.

El plan está dotado con 84 millones de euros hasta 2007 para inversiones en infraestructuras, tecnología y formación. Conecta cuenta con otras tres líneas maestras: Simplifica, Ciudadano.es y Map.es. La primera pretende conseguir una gestión pública "racional y eficiente para disminuir costes", según Laborda; las otras pretenden potenciar la presencia pública en Internet y mejorar la relación con los ciudadanos.

El plan fue presentado en Murcia por Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas durante Tecnimap, el congreso bianual que reunió a más de 4.000 funcionarios y 160 empresas.

El plan Conecta, dotado con 84 millones de euros, pretende poner al día la Administración electrónica española, mal situada en los indicadores europeos o internacionales (salvo excepciones) y que tampoco "se corresponde con la potencia económica del país", según el director general para la modernización de las Administraciones Públicas, Domingo Laborda.

No se trata de hacer borrón y cuenta nueva, "eso sería despilfarro", sino "perfeccionar lo heredado y avanzar en todos los frentes a la vez" para aumentar la eficacia de la Administración: mejorando su trastienda (backoffice, en inglés), formando a los funcionarios y reduciendo el tiempo y coste de tramitación a ciudadanos y empresas. "Hasta la fecha se han resuelto los deberes del ciudadano (aquellos que implican el pago como la Agencia Tributaria); ahora toca resolver sus derechos", dice Laborda.

El plan cuenta con líneas transversales (Certifica, Simplifica y Ciudadanos.es), destinadas a cualquier organismo público, incluidos los autonómicos o locales. "Sin su cooperación no podemos avanzar, y el ciudadano jamás percibirá los beneficios que aportan los servicios interactivos: rapidez, agilidad, comodidad y ahorro de costes", dice Laborda.

Con Certifica se pretende que el ciudadano no aporte documentos que ya están en poder de la Administración, sea cual sea. Este papeleo será sustituido por certificados telemáticos con garantías jurídicas, que permitan el intercambio electrónico de documentos entre organismos públicos. El primer paso será la conexión interadministrativa para el cambio de domicilio y el padrón. Esta línea de actuación, cuyo coste total es de 3,5 millones de euros, se completa con la emisión de certificados digitales a través de Internet y el empuje de las notificaciones telemáticas seguras (NTS), un servicio disponible desde octubre de 2003, pero con escasos usuarios.

Simplificar procedimientos

Simplifica alude a la modernización de los procedimientos administrativos para una gestión pública "racional y eficiente". Consta de 12 proyectos, dotados con casi 13 millones de euros, que van desde fomentar las licitaciones electrónicas o tramitar por Internet los bienes y servicios informáticos a la reforma de la normativa que permita la gestión pública electrónica. Una línea que también pasa por reducir las más de 200 páginas de los 16 ministerios. Algunas, aseguran, llevan años sin ser actualizadas.

Ciudadanos.es, con más de 10 millones de euros, sustituye al actual portal Administración.es como plataforma de acceso multicanal a los contenidos y servicios públicos. El proyecto también prevé unificar los centros de atención en un único número de teléfono de ámbito nacional o desarrollar una herramienta que permita realizar búsquedas inteligentes en las webs de todas las administraciones, incluida la UE.

El despliegue del DNI digital empieza en enero. Tecnológicamente está resuelto y acepta múltiples autoridades de certificación, aseguran sus responsables. El despliegue empieza por las grandes cuidades. A finales de 2005 se habrán entregado el 10% y para 2007, seis millones de españoles tendrán el nuevo carné con chip, que incorpora firma electrónica y que sirve tanto para identificarse como firmar. En 10 años el cambio se habrá completado. El PSOE, cuando estaba en la oposición, rechazó la regulación del DNI digital porque se incluía en la ley de firma electrónica y consideraba que debía elaborarse una ley orgánica específica. Una vez en el Gobierno mantiene la ley y elaborará un decreto de desarrollo.

La mayor parte del presupuesto, 55 millones de euros, se destina a mejorar las infraestructuras del Ministerio de Administraciones Públicas como el ancho de banda con el objetivo de convertir al departamento en el eje vertebrador de la eadministración española.

Por otro lado, el secretario de estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, anunció en Tecnimap que, antes de final de año, estará listo el "nuevo marco regulador que proporcione seguridad jurídica y perspectivas de crecimiento a las operadoras". Ros anunció que endurecerá las medidas para garantizar la calidad del servicio.

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