Un grupo de expertos alerta sobre la creciente desigualdad en las aulas

El informe propone una alianza entre el sector público y el privado

La Fundación Jaume Bofill presentó ayer un estudio en el que se constata que la falta de igualdad de oportunidades en el sistema educativo ha crecido en los últimos años. Para solucionar esta situación, expertos independientes proponen el debate de 300 medidas, entre las que se encuentra la creación de una red educativa formada por centros públicos y privados. Otras propuestas son la redefinición del mapa escolar y del profesorado.

Técnicos independientes y de diferentes ámbitos profesionales han elaborado un documento en el que constatan que el principio de igualdad de oportunidades en materia educativa es cada día más lejano. El informe indica que la escuela reproduce las diferencias existentes en la sociedad, cosa que se manifiesta especialmente en los centros situados en núcleos rurales o con una elevada tasa de alumnos inmigrantes, donde los casos de fracaso escolar son mayores. Para resolverlo, en el libro, titulado Política educativa i igualtat d'oportunitats y encargado por la Fundación Jaume Bofill, se proponen 300 medidas que buscan sentar las bases para el debate político.

Jordi Sánchez, director de la fundación, creada en 1969 y especializada en asuntos de igualdad, educación y participación, quiso resaltar que el libro se empezó en abril de 2003 y que, por tanto, se ha realizado al margen del cambio de gobierno en Cataluña y en el conjunto de España. Sin embargo, admitió que, con este hecho, la reforma educativa se encuentra en el centro de la agenda política. En este aspecto, Ferran Ferrer, coordinador del texto, admitió que hay puntos en común con la reforma de la LOCE propuesta por el PSOE, "pero con la diferencia de que nuestras propuestas provienen del ámbito de la sociedad civil y de personas con ideologías distintas".

En el informe se constata el peso de la escuela privada en Cataluña, que concentra al 40% del alumnado, y enumera una serie de criterios, como promover la igualdad de oportunidades, que deberían cumplir los centros concertados. El documento propone la creación de una "red educativa de utilidad pública", fruto de la alianza del sector público y de la parte del sector privado que tenga una vocación pública. Todos los centros de esta asociación, que sería de titularidad pública, tendrían los mismos recursos y se promovería la movilidad del profesorado entre ellos.

Precisamente, la redefinición del profesorado como "agente de cambio social" es otra de las aportaciones del texto. "Deben ser profesionales reflexivos y comprometidos con la igualdad de oportunidades", declaró M. A. Essomba, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El desequilibrio en educación en función de las zonas geográficas es otro asunto que se pretende resolver. Así, el informe se refiere a la necesidad de establecer un consenso para elaborar un nuevo mapa escolar que ponga especial atención a las zonas rurales y a las escuelas donde se concentre el alumnado inmigrante (los centros públicos absorben al 82% de los estudiantes extranjeros, pero sólo el 59% del total de matriculados).

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