Ahora los ayuntamientos
Durante el pasado debate de política general en el Parlament, Pasqual Maragall reconoció que nunca habría creído en el proceso descentralizador llevado a cabo por el Gobierno del PP si no hubiera sido porque el vicepresidente económico del Gobierno de España, Pedro Solbes, le convenció de que había sido extraordinario. Hace más de veinte años que, gracias a la voluntad de consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, los españoles hicimos un gran esfuerzo colectivo para alcanzar un objetivo histórico: salir sin traumas de un régimen autoritario y fascista, recuperando nuestra libertad y democracia.
La sociedad española se dotó en los años 1978 y 1979 de un modelo constitucional y estatutario que ha sido, es y seguirá siendo la mejor garantía de nuestra convivencia democrática y, en lo que se refiere a Cataluña, el mejor instrumento y la mejor garantía para seguir profundizando en nuestro autogobierno. En los primeros años de la democracia se llevaron a cabo las primeras transferencias a las comunidades autónomas y con la llegada del PP al Gobierno, utilizando con inteligencia los mecanismos previstos por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, se incrementó el autogobierno, que alcanzó las mayores cuotas de nuestra historia, y se superó en autonomía política y capacidad legislativa incluso a Estados federales o de corte federalizante como los länders o las regiones italianas. En los últimos años de Gobierno del PP -con el marco constitucional y estatutario vigente- se han realizado importantísimas transferencias, como el Inem, los puertos, las becas y el tráfico, y se ha aprobado el mejor sistema de financiación de nuestra historia. Ya era hora de que alguien se lo explicara a Maragall.
Municipios, consejos comarcales y provincias son también Generalitat. Intentar situarlos en un plano de subordinación con otras administraciones choca con la Constitución, que reconoce su propia autonomía
Más allá de las controversias sobre temas que poco o nada interesan a los ciudadanos, -como el de incluir o no el presunto derecho a la autodeterminación de Cataluña en el nuevo estatuto-, el debate sobre el autogobierno debe tener como único objetivo mejorar la calidad de vida de los catalanes. Para ello debemos apostar por encontrar un horizonte de estabilidad para nuestro modelo descentralizador. En los últimos 23 años, el Gobierno de la Generalitat ha basado su política en alimentar la tensión y el enfrentamiento con todos los gobiernos centrales. Las nuevas mayorías gubernamentales pueden ayudar a superar, en el ámbito político e institucional, una tensión que, afortunadamente, no ha existido para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Sin embargo, el gran avance descentralizador que ha supuesto el desarrollo del Estado de las autonomías no se ha visto reflejado en la Administración local. Ésta ha visto prácticamente inalterada y congelada su configuración legal en su ámbito de competencias, y limitada su capacidad financiera a lo largo de las últimas dos décadas. Hoy los ayuntamientos administran recursos que suponen la tercera parte de los que gestiona la Generalitat de Cataluña. Municipios, consejos comarcales y provincias son también Generalitat y, por tanto, entidades territoriales del Estado. Por esa razón, cualquier planteamiento que intente situarlos en un plano de subordinación
jerárquica con relación a otras administraciones choca frontalmente con la Constitución, que reconoce inequívocamente su propia autonomía. Más allá de esta consideración y del debate sobre el nuevo modelo territorial de Cataluña, no podemos hablar de profundizar en nuestro autogobierno sin tener la firme voluntad de reforzar el papel de las entidades locales. Estas son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y a las cuales acudimos en primer lugar cuando tenemos un problema. Si queremos mejorar nuestra democracia, debemos empezar por reforzar la democracia local. La Generalitat de Cataluña debe iniciar cuanto antes un proceso descentralizador que haga compatible la cooperación de todas las administraciones con la eficacia en la gestión de sus competencias.
Daniel Sirera es portavoz del PP en el Parlament
