El juez imputa al alcalde de Alhaurín de la Torre por presunta prevaricación

Un juez de Málaga ha imputado un presunto delito de prevaricación al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), porque supuestamente percibe su sueldo municipal, de 63.000 euros anuales, sin haberlo aprobado conforme establece el procedimiento administrativo correspondiente. El grupo municipal socialista, que denunció el caso, ha pedido que Villanova reingrese lo que ha percibido.

Hasta las elecciones generales del pasado 14 de marzo, Joaquín Villanova cobraba un salario como senador de 63.000 euros anuales, y únicamente percibía del consistorio las dietas por asistencia a plenos y comisiones. Al día siguiente de perder su escaño en las urnas, el 15 de marzo, Villanova dictó un decreto en el que se designa dedicación exclusiva del consistorio con un salario equivalente al que percibía como senador.

La presunta ilegalidad radica en el procedimiento elegido, ya que según denunció el PSOE, las retribuciones de los miembros de la corporación deben fijarse por acuerdo del pleno y no por decreto, y además deben tener la correspondiente consignación presupuestaria que, en este caso, tampoco se ha dotado.

El decreto fue ratificado por la Junta de Gobierno Municipal, formada exclusivamente por concejales del PP, el 19 de marzo, pero no por el pleno, ni se ha aprobado ó ninguna modificación presupuestaria para dar cobertura al salario, por lo que los presupuestos en vigor no contemplen partida alguna para el el salario del alcalde.

Villanova admitió ayer que "puede haber un defecto administrativo", pero que "bajo ningún concepto hay delito penal". Según el equipo de gobierno, el pleno aprobó dos veces el salario, el 31 de marzo y el 7 de junio.

Pero según el PSOE no es así, porque lo que el equipo de Gobierno hizo fue dar cuenta al pleno del decreto de la alcaldía, sin someter la cuestión a votación como exige la ley.

El PSOE llevó el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga que el pasado 24 de agosto ordenó la apertura de diligencias penales al entender que existen indicios de un presunto delito de prevaricación. "Ya sabemos que el equipo de gobierno puede fijar los sueldos que quiera y en este caso tiene mayoría suficiente, pero se ha prescindido del procedimiento administrativo adecuado", aseguró ayer el portavoz municipal socialista, Roque Manchado. El edil del PSOE cuestionó además la "ética política" de que un alcalde de una localidad de 30.000 habitantes perciba lo mismo que el de Barcelona y más que muchos presidentes de comunidades autónomas.