Bruselas da de plazo hasta final de año para que Izar y los sindicatos se pongan de acuerdo

El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, otorgó ayer un plazo suplementario de más de dos meses (hasta finales de año) a Izar para intentar encontrar una salida a su crítica situación. Tanto el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, como los sindicatos se mostraron satisfechos con el nuevo plazo, pero difieren en el resultado de la negociación. Mientras Martínez Robles habla de quiebra inmediata una vez acabado dicho plazo, los sindicatos insisten en que hay otras soluciones y muestran su sorpresa ante el apoyo de Monti al plan de la SEPI.

El plazo suplementario de tiempo se logró tras una reunión de casi tres horas entre Mario Monti, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los representantes sindicales. En realidad, la solución ideada por Monti es un artificio consistente en parar la notificación oficial hasta finales de año del expediente de mayo pasado en el cual la Comisión exigió a Izar devolver 308 millones de euros de ayudas de Estado ilegales que la empresa estatal deberá devolver con 68 millones de intereses (en total, 376 millones).

Aunque la Comisión ya notificó a Madrid la obligación de que Izar devuelva al Estado español esos 376 millones, este nuevo requisito de notificación da un balón de oxígeno a ambas partes para negociar una salida que Martínez Robles pintó crudamente: "Una vez recibida esa notificación, la empresa entra en disolución y es entonces cuando podrá recibir ayudas sociolaborales". Martínez Robles se mostró satisfecho por el apoyo de Monti a su plan de reestructuración, que consiste en segregar los astilleros en dos empresas; una civil y otra militar, si bien el regulador europeo acepta el proyecto de la patronal de dejar un 20% de la actividad civil en la empresa militar.

Martínez Robles dio por sentado que la única salida de Izar es esa declaración de quiebra porque el patrimonio neto de Izar es incapaz de afrontar el pago de los 1.186 millones de euros que, en total, debe devolver a las arcas estatales.

El presidente de la SEPI aseguró que se tratará de salvar el mayor número de empleos posible gracias a ese plan de segregación y añadió que el número de puestos de trabajo en peligro no están cuantificados. Un portavoz de Monti anunció la pasada semana que el plan de la SEPI era de su agrado porque salvaba 9.000 empleos (de un total de 10.764). Tanto Martínez Robles como los representantes sindicales aseguraron desconocer de dónde habían sacado tal cifra.

En la reunión participaron representantes de CC OO, UGT, CAT, CIG y USTG. En nombre de todos ellos, Felipe López, de CC OO, manifestó su disgusto por el apoyo de Monti al plan de la SEPI y por el hecho de que el comisario europeo se exceda en sus funciones opinando sobre la segregación o la privatización de los astilleros españoles.

Complicidad

El hecho de que Martínez Robles haya mantenido una reunión previa con Monti el pasado 21 de septiembre es un dato que acrecienta las sospechas de los sindicalistas. "Monti se ha convertido en el mejor defensor del plan de la SEPI", dijo López. "Hay más nivel de complicidad entre el Gobierno español y la Comisión que entre el Gobierno español y los ciudadanos y eso es preocupante".

Los sindicatos insistieron en que Izar debe continuar sus actividades como una sola empresa de carácter dual, con actividad civil y militar, que la solución no puede ser la misma que proponía el Gobierno del PP y que, además de los puestos de trabajo de los astilleros, están en juego otros 50.000 empleos relacionados. A este respecto, Martínez Robles aseguró que la situación de las empresas auxiliares es también crítica. "Están sin contratos desde hace tres años".

La Comisión Europea recordó ayer que ya en 1997 autorizó de forma extraordinaria un paquete de ayudas para Izar de 1.900 millones de euros para su reestructuración, a pesar de lo cual la empresa no sólo no logró volver a la rentabilidad, sino que ha subsistido gracias a tres paquetes de ayudas de Estado otorgadas por el Gobierno español entre 1998 y 2003 que suman esos 1.186 millones de euros a devolver.

De ahí que Martínez Robles recordara ayer que la "crítica situación" de Izar se debe a una "catastrófica gestión política y económica de los astilleros españoles".