Efeméride penitenciaria

El 26 de septiembre se cumplieron los 25 años de la Ley General Penitenciaria, primera ley orgánica de la democracia, y la única aprobada por unanimidad en tan largo periodo legislativo.

La ley desarrollaba el mandato que el artículo 25 de la Constitución daba a las instituciones penitenciarias, y éstas asumían "como fin primordial la reeducación y reinserción social de las sentencias y medidas penales privativas de libertad". "Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda a internos y liberados".

Tan buenos inicios no han propiciado idénticos finales, la institución ha estado al albur de los políticos designados para dirigirla, ha sufrido un desarrollo reglamentario muy desigual en 1981 y 1996, hemos soportado a duras penas, y valga la redundancia, las reformas del Código Penal, y de 45.198 internos a finalizar el año1995 hemos pasado a 58.270 en 2004, sin que los recursos presupuestarios hayan crecido al mismo ritmo.

Los Gobiernos autonómicos, creados para acercar la Administración al ciudadano, no han querido asumir, excepto Cataluña, la competencia administrativa en la ejecución de penas.

Nos han adscrito desde el Ministerio de Justicia, administración que históricamente nos ha acogido, al de Interior, para convertirnos en una herramienta policial, que además resulta poco eficaz.

Las cárceles españolas siguen siendo las sentinas de una sociedad poco habituada a reconocer sus propias miserias e intentar superarlas con justicia y equidad.

Supongo que la efeméride se celebraría con el boato y la representación que la ocasión merece, pero no podrá ocultar la realidad de un servicio público, el penitenciario, que no da votos en las elecciones y por lo tanto no ha tenido en estos 25 años la atención administrativa que merecía.