La campaña más cara de la historia

La campaña de 2004 para la presidencia de Estados Unidos se ha convertido en la más cara de la historia, una ironía si se tiene en cuenta que es la primera que se celebra después de la nueva legislación destinada a controlar el flujo de dinero en las carreras electorales. La segunda novedad de estas elecciones, que se celebran el próximo 2 de noviembre, es que los demócratas han aprendido a recaudar con una eficacia que ha dejado atrás a los republicanos. En total, se van a movilizar unos 1.400 millones de dólares a través de donaciones, fondos de los partidos y de los grupos de presión.

Campaña tras campaña, el récord se supera para convertir siempre las últimas elecciones en las más caras, a pesar de los límites que se introducen en la legislación electoral para poner freno al flujo masivo de fondos y donaciones privadas. En 2000, los aspirantes a la presidencia lograron recaudar 345,1 millones de dólares. Ahora, si se tienen en cuenta las cantidades recogidas por los demócratas que lucharon en las primarias -Wesley Clark, Howard Dean, Dick Gephardt, John Edwards o Joe Lieberman-, el total de lo recaudado por los candidatos y aspirantes supera ya los 650,2 millones.

"Cualquiera que quiera lanzarse a la carrera para ser presidente necesita conseguir mucho dinero. Pero los candidatos con posibilidades reales para ganar las elecciones deben recaudar unas sumas enormes para financiar sus campañas, porque la contienda este año es muy reñida", señalan desde el Center for Responsive Politics. Sólo George W. Bush y John Kerry han logrado recaudar casi 500 millones de dólares a través de aportaciones directas de contribuyentes privados durante las primarias, a lo que hay que sumar otros 74,6 millones de dólares del presupuesto federal que se le da a cada uno para financiar las campañas desde el momento en el que acaban las convenciones y ya no pueden recibir más donaciones privadas.

El senador John Kerry ha recogido 304,2 millones de dólares desde que se lanzó a la conquista de la Casa Blanca. George W. Bush, que lucha por la reelección después de cuatro años de mandato, ha logrado acumular 243,6 millones, más del doble de los 106 millones que amasó en la campaña de 2000 frente a Al Gore. A ambos les sigue muy de lejos, con 2,2 millones, el abogado Ralph Nader, candidato ecologista y antisistema que puede volver a dar un disgusto a los demócratas, como ocurrió hace cuatro años. A las donaciones hay que sumar los fondos que movilizan los partidos, que en el caso del Demócrata asciende a 200 millones de dólares, y en el del Republicano, a 270 millones de dólares.

Otra novedad en estas elecciones -aunque la tendencia ya apuntaba antes- es que cada vez hay más empresas o grupos que no quieren poner todos los huevos en la misma cesta: John Kerry ha recibido dinero de compañías que históricamente habían apoyado a los republicanos. De hecho, los dos rivales comparten siete de los principales donantes, como los grupos financieros Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, UBS o el Bank of America, además de la corporación Microsoft y de funcionarios de la Administración estadounidense. Es la manera que tienen las grandes compañías de Estados Unidos de cubrirse las espaldas ante cualquier resultado que pueda salir de una competición tan reñida como ésta.

De todas formas, sigue habiendo diferencias sobre la procedencia de los fondos que engrasan la maquinaria electoral de los dos contrincantes. El dinero le llega a Kerry sobre todo de las firmas de abogados y del sector de las telecomunicaciones, mientras que en el caso de Bush, procede más bien del sector financiero, como Morgan Stanley, Merrill Lynch o Pricewaterhouse Coopers.

Alex Knott, especialista del Center for Public Integrity, explica que este flujo de fondos hace a los candidatos "dependientes de los intereses de sus contribuyentes", que les están pagando 600.000 dólares diarios para mantener vivas sus máquinas de propaganda. Por eso Knott advierte de que este sistema puede ser uno de los motivos que explique por qué los rivales no entren en muchos de los temas que interesan al público en general. "Se podría caracterizar de esa manera", apostilla.

La ley electoral fija unos límites muy precisos para evitar estos extremos e impedir aportaciones masivas de fondos de multimillonarios, corporaciones o sindicatos. Además, ninguno de los dos candidatos puede destinar más de 50.000 dólares de su fortuna personal a financiar las propias campañas en la recta final de las elecciones presidenciales. Tampoco las donaciones individuales pueden superar los 2.000 dólares, salvo excepciones en las que se pueden alcanzar los 4.000 dólares.

Las tablas del Campaign Finance Institute muestran que los dos candidatos combinados recaudaron este ciclo electoral 194 millones de dólares a través de donaciones inferiores a los 200 dólares, cuatro veces más que en 2000, lo que representa el 33% del total de las contribuciones privadas. El grueso de la recaudación, sin embargo, proviene aún de donaciones de 1.000 y 2.000 dólares. Pero, como advierte Knott, hay agujeros o atajos aceptados en el sistema de financiación electoral por los que los multimillonarios pueden hacer llegar a los candidatos cuantiosos apoyos, a través de vías alternativas como los grupos de presión 527 o la difusión de propaganda electoral masiva a través de páginas en Internet.

"Así es como los millonarios consiguen impactar en las campañas a favor de uno u otro candidato, porque, evidentemente, 14 millones de dólares son mucho más poderosos que 4.000 dólares regulados", explica Knott. Se estima que estas organizaciones independientes de los grandes partidos han recaudado en torno a los 120 millones de dólares hasta la fecha. La actividad de estos grupos de presión, cuyo nombre procede del código fiscal que se les aplica, no está regulada por la ley electoral federal y pueden aceptar cantidades ilimitadas de dinero -sin pagar impuestos- para desarrollar sus campañas de propaganda, movilizar a los electores y defender su causa a favor de uno u otro candidato, o en contra.

La única condición -sospechosamente ingenua- que impone la normativa es la prohibición de que exista una coordinación directa entre la campaña política de los candidatos y las actuaciones de estas organizaciones. Para diferenciar los anuncios en televisión de los partidos y equipos de campaña de los más agresivos que hacen los 527, la nueva ley obliga a los candidatos a decir, antes o después de cada anuncio, su nombre y una declaración expresa de que respaldan el contenido del mensaje.