El tripartito rechaza una normativa más rigurosa de las incompatibilidades

El pleno del Parlamento vasco rechazó ayer con los votos de los grupos que sostienen al Gobierno tripartito una nueva regulación que endurezca el régimen de incompatibilidades al que están sujetos los altos cargos en Euskadi. PNV, EA y EB rechazaron la iniciativa, que fue presentada por el PSE como una proposición de ley, porque consideran que la actual Ley de Incompatibilidades de la comunidad autónoma, promulgada en 1983, es "suficiente, adecuada y eficaz".

La propuesta del PSE, que es similar a la que ya presentó hace tres años, planteaba incluso el cese de los altos cargos cuando se detecte un caso grave de incompatibilidad. También incorporaba la prohibición de que los altos cargos, durante los dos años posteriores a su cese, puedan trabajar en una empresa privada con la que hubieran tenido relación durante su etapa en la Administración. Hace tres años, el debate se zanjó con el compromiso de los grupos del Gobierno de revisar la regulación, pero desde entonces no se han producido más movimientos. Esta inacción y el rechazo de ayer enfadó a la oposición.La parlamentaria del PSE, Joana Madrigal, acusó a los partidos del tripartito de tener "miedo" a debatir sobre la cuestión de las incompatibilidades. Madrigal defendió que la propuesta socialista "no tiene nada que envidiar" a la regulación existente en otras comunidades, que cuentan con un régimen más severo que el vasco. La norma vasca, por ejemplo, no establece límites temporales para el salto de los altos cargos a la actividad privada, algo que sí tiene regulado el Gobierno central y otras comunidades; concretamente, la prohibición de fichar, al menos

en los dos años posteriores a dejar el cargo, en una empresa con la que hayan tenido relación en su puesto en la Administración.

Los grupos del tripartito coincidieron en que la normativa actual es suficiente y se ha demostrado "eficaz" con el paso de los años. "La Ley de Incompatibilidades y los sucesivos decretos regulan de manera muy satisfactoria todo lo relacionado con esta materia", aseguró Elixabete Piñol, del PNV. Sin embargo, en los últimos años varios casos de retorno de los cargos públicos a empresas privadas han suscitado la polémica. Es lo que pasó con Inaxio Oliveri y Javier Retegi, consejeros de Educación e Industria con José Antonio Ardanza de lehendakari. Oliveri fue nombrado acto seguido rector de la Universidad de Mondragón y Retegi volvió al Grupo Mondragón. Un caso más sonado fue el que protagonizó el ex viceconsejero de Energía Javier Aranburu

. Tras preparar la privatización de Naturcorp desde la vicepresidencia del del Ente Vasco de Energía (EVE), fue nombrado director general de la empresa privatizada por la eléctrica asturiana Hidrocantábrico, que se adjudicó el concurso. Al margen del Gobierno, el caso máscontrovertido ha sido el del ex diputado de Hacienda de Vizcaya, Javier Urizarbarrena, quien fichó por una asesoría fiscal tras dejar su cargo.

Sin reforma del Reglamento

El pleno vivió ayer otro debate recurrente: la reforma del Regla

mento de la Cámara. El PSE presentó una proposición de ley solicitando una reforma parcial del mismo para que el Parlamento gane en agilidad y permita un mejor control sobre la actividad del Gobierno. La iniciativa no salió adelante porque el tripartito impuso su mayoría sobre PP y PSE (Sozialista Abertzaleak no estuvo presente). PNV, EA y Ezker Batua justificaron el rechazo en la necesidad de acometer una reforma global y no únicamente parcial.

La celebración cada quince días de un pleno monográfico sólo con preguntas e interpelaciones a los consejeros y al lehendakari o la creación de una oficina de control presupuestario para asesorar a los parlamentarios eran algunas de las propuestas del PSE. El tripartito recordó que en 1998 se alcanzó un consenso para cambiar el Reglamento, pero que la exigencia del PSE de que todos los parlamentarios acatasen la Constitución al acceder al escaño frustró el acuerdo.