Banyoles suspende los permisos de obras en el barrio de más inmigración

El pleno municipal de Banyoles ha acordado por unanimidad suspender durante un año todas las licencias de obras y actividades en el barrio de La Farga, que concentra uno de los más elevados porcentajes de población de origen africano de toda Cataluña. El objetivo de la medida es redactar durante este tiempo un plan de rehabilitación integral de la zona que se presentará a la convocatoria de subvenciones de la Ley de Mejora de Barrios de la Generalitat, conocida como la "ley de los 40 barrios".

El consistorio busca la implicación de la Universidad de Girona en la elaboración del plan de mejora, aunque también se abrirá un debate ciudadano, con participación de entidades locales, para aportar ideas sobre mejoras urbanísticas, medioambientales y sociales.

El barrio de La Farga tiene, según el consistorio, un excesivo volumen edificatorio que es fruto de los últimos años de especulación urbanística franquista. La zona se encuentra en una zona industrial y tiene deficiencias en los servicios. Aunque durante los primeros años acogió inmigrantes andaluces y extremeños, en los últimos tiempos ha sido ocupado en gran medida por población de origen africano.

El consistorio admite que esta última oleada migratoria recibida por el barrio "ha reforzado su imagen de espacio desligado del resto de la ciudad". Entre las mejoras que el Ayuntamiento prevé para la zona se encuentra el reforzamiento de servicios y equipamientos públicos, y la intervención en las fachadas de las viviendas.

Asimismo el Ayuntamiento ha comunicado al consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal, su intención de optar a las subvenciones para la mejora de barrios. Otros municipios de las comarcas de Girona con alta concentración de inmigración, como Salt, ya han anunciado también su intención de concurrir a la misma convocatoria.

La suspensión de licencias supone que el Ayuntamiento no autorizará desde ahora ninguna obra ni nueva actividad en el sector, aunque no afectará a las licencias ni a los certificados urbanísticos registrados antes de la aprobación de la medida.