El consistorio sube las tasas municipales casi el 5% por la 'zona azul'

El considerable incremento de la zona azul en 2005 tiene un efecto directo en los cálculos de los ingresos por tasas, que subirán el 4,95%, según aprobó ayer
la comisión de gobierno.
El concejal portavoz del Ayuntamiento, Ferran Mascarell, precisó que, pese a ese incremento de las tasas, la presión fiscal municipal descenderá el 2,29% ya que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) del próximo año se ha calculado en el 6,10%.
Los impuestos municipales se encarecerán en su conjunto el 2,44%, aunque el tipo general del impuesto de bienes inmuebles (IBI) bajará del 0,85% que se aplica este año al 0,75% el año próximo, y se fija un tope para que la repercusión de la revisión catastral en el recibo del IBI no signifique un aumento superior al 4% en caso de viviendas de hasta 60.000 euros de valor catastral.
De esa forma, un piso de unos 80 metros cuadrados pagará una media de 346 euros de IBI, el 4,1% más que este año. Sin embargo, para reducir la movilidad, el Ayuntamiento ha decidido rebajar el IBI entre el 1% y el 5% a los aparcamientos de propiedad. Otro concepto que se altera en las ordenanzas fiscales de este año son las bonificaciones. La de las familias numerosas se incrementa el 16,5 % y pasa de 60 a 70 euros, y para las familias que tengan uno o más hijos con discapacitación, la bonificación será de 90 euros. Además el Ayuntamiento se ha comprometido a aplicar la bonificación sin necesidad de que las familias lo soliciten, contrariamente a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, por lo que la medida sólo ha beneficiado a unas 1.000 familias, frente a las 5.000 que tenían derecho y no lo reclamaban.
Respecto a las tasas, la grúa y el depósito municipal subirán el 3%; la licencia de obras menores, el 15%; la tasa de cementerio, el 3%, y la ocupación de dominio público, el 3%.
Las estaciones de servicio pagarán la tasa de vado permanente, de la que hasta ahora estaban exentos por una antigua disposición administrativa que exoneraba del pago a ciertos monopolios del Estado, como era el caso de Campsa.
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