Madrid y la Comunidad Valenciana albergan a casi la mitad del millón de inmigrantes irregulares

Casi la cuarta parte de los extranjeros sin papeles (un 23%) vive en Madrid, otra cuarta parte (23%) reside en la Comunidad Valenciana, y un 16% en Cataluña, según se desprende del cruce de los últimos datos disponibles del padrón municipal correspondientes al 1 de enero del año pasado y las cifras de inmigrantes regularizados publicadas por el Ministerio del Interior, actualizadas hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Hay en España 1.019.053 extranjeros empadronados sin permiso de residencia

Según este cálculo, cuando el PP salió del Ejecutivo había en España 1.019.053 inmigrantes sin papeles, 200.000 más de los que estimó la semana pasada en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Era la primera vez que un Ejecutivo daba una cifra de inmigrantes irregulares en España. Zapatero lo hizo para responder al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que le reprochaba su política de regularización. Dado que el total de extranjeros empadronados asciende a 2,7 millones, casi cuatro de cada diez se hallaban en situación irregular.

En el caso de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, los sin papeles son atraídos por las bolsas de economía sumergida existentes en sectores como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico, según los expertos. En provincias como Girona, Alicante o la misma Valencia actúan como imán las zonas agrícolas y ganaderas.

Las comunidades autónomas de Andalucía, con 74.378 irregulares, Canarias, con 66.154, y Baleares, con 50.638, suman el 19% de los extranjeros en situación irregular.

En la fuerte industria turística de estas tres comunidades, así como el campo andaluz, parecen hallarse las bolsas de economía sumergida en las que encuentran trabajo, según los expertos.

Fijar el número exacto de inmigrantes en situación administrativa irregular es imposible, dada su condición de invisibles a efectos administrativos.

La mayoría de los expertos en estadística considera que el cálculo aplicado por EL PAÍS es el más aproximado a la realidad, porque los sin papeles necesitan empadronarse para tener acceso a servicios básicos, como la tarjeta sanitaria.

Sociólogos como Joaquín Arango, director del Instituto Ortega y Gasset, han advertido, sin embargo, de que el padrón municipal computa más sin papeles de los que en realidad existen, ya que éstos tienden a empadronarse en varios ayuntamientos porque creen que así tendrán más posibilidades de obtener el permiso de residencia y de trabajo.

Pero, a la vez, ese número puede verse compensado por los extranjeros que no pueden empadronarse debido a que viven realquilados y carecen oficialmente de domicilio, y también por los que temen ser localizados por la policía desde que ésta tiene acceso informático a los datos municipales.

El desfase entre los datos del padrón, correspondientes al 1 de enero de 2003, y los de extranjeros regularizados, computados un año más tarde, también tiende a anular los posibles excesos del primero.

Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, afirma que cada año entran en Europa medio millón de inmigrantes sin papeles, y que el 23% de ellos se instalan en España. Según esa estadística, el número de extranjeros en situación irregular habría aumentado a lo largo de 2003, desde que se cerró el padrón municipal hasta que se sumaron las cifras de regularizados, en 115.000 personas. El número de inmigrantes sin papeles a 1 de enero de 2004 alcanzaría, pues, los 1.134.053.

Un mes más tarde, en febrero de este año, la relatora especial de la ONU para los Derechos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, elaboró un informe demoledor sobre la situación de los extranjeros que viven en España sin permiso de residencia y de trabajo.

En el documento, de 22 páginas, expresó su preocupación "por la creciente bolsa de irregulares", que atribuyó a "la dificultad para frenar su llegada y para ejecutar su expulsión". Consideraba que los cambios en las leyes de extranjería ejecutados por el Gobierno del Partido Popular, entonces en el poder, y el aumento constante de los expedientes desbordaban a la Administración, retrasaban los trámites burocráticos y colocaban a muchos inmigrantes en situación de "irregularidad sobrevenida".

La relatora de la ONU apuntaba así uno de los problemas más urgentes que habría de heredar, un mes más tarde, el nuevo Gobierno socialista: 374.749 expedientes de extranjeros atascados en la Administración y pendientes de resolución.

La mayoría de esos expedientes sin respuesta (unos 200.000) eran renovaciones de permisos de residencia de trabajo de inmigrantes que residían legalmente en España. El retraso les había convertido en irregulares y había motivado la negativa de muchos empresarios a prorrogarles los contratos laborales por miedo a cometer una ilegalidad.

Además, entre enero de 2002 y el 14 de junio de este año, la Administración dejó en las calles a 85.019 extranjeros con órdenes de expulsión imposibles de ejecutar pero que les impiden trabajar legalmente. Su número es superior al de los habitantes de ciudades como Toledo, Girona, Pontevedra o Zamora.