Los partidos intentarán hoy cerrar un acuerdo sobre las incompatibilidades de los altos cargos
Los cuatro grupos parlamentarios celebran hoy una reunión, a la que también asiste el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, para avanzar en la negociación de las medidas de impulso democrático propuestas por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, e intentar cerrar un acuerdo sobre un nuevo régimen de incompatibilidades.
Los grupos pretenden concretar la agenda de temas que abordará este grupo de trabajo, ya que a los incluidos por Chaves (reforma del Reglamento de la Cámara, paridad, transfuguismo, Consejo Consultivo, reforma de la ley de la RTVA, ley del Consejo Audiovisual y el código de conducta para cargos públicos), la oposición pretende incorporar otros como la Oficina de Evaluación legislativa, la reivindicación de la deuda histórica o la creación de la Policía Autonómica.
En la última reunión, Zarrías trasladó a los grupos las propuestas de la Junta sobre la modificación de tres leyes con el objetivo de avanzar en las medidas de calidad democrática: la de incompatibilidades, la Ley Electoral andaluza y la de Publicidad Institucional, que la Junta pretende consensuar con todos los grupos antes de la aprobación del presupuesto andaluz para 2005 (finales de diciembre).
Entre las propuestas de la Junta figuran el endurecimiento de las sanciones a los cargos públicos que incumplan el régimen de declaración de actividades, bienes e intereses, de forma que puedan llegar hasta el "cese inmediato con imposibilidad de ser nombrado alto cargo en un periodo concreto", que cifra entre tres y diez años según la "legislación estudiada".
Otra medida destacada de la Junta se refiere a la modificación de la Ley Electoral autonómica para implantar listas cremallera (hombre-mujer) con el objetivo de garantizar la paridad en las instituciones públicas de la comunidad. El paquete de medidas para fomentar la paridad incluye crear un adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz que se ocupe de la igualdad y la violencia de género.
Otras propuestas de la Junta van dirigidas a modificar el Reglamento del Parlamento andaluz para endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados para el desempeño de actividades privadas como contratista o fiador de obras o asesor de empresas del sector público estatal, autonómico o local.
En este sentido, Izquierda Unida ha propuesta la incompatibilidad "total" entre la política y la actividad inmobiliaria y que su incumplimiento suponga sanciones económicas.
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