Reforma en marcha

Las reformas institucionales se han puesto en marcha. La del Estatuto catalán marcará seguramente otras posteriores, y de ahí la importancia de que haya comenzado a caminar mediante un procedimiento respetuoso con el marco constitucional y las reglas de juego democráticas. La institucionalización de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, bloqueada por la actitud del PP, depende principalmente de lo que decidan los conservadores en su inminente congreso.

En el Parlamento catalán la elaboración de la propuesta de reforma corre a cargo de una ponencia con presencia de todos los partidos, lo que ya es una diferencia notable con el procedimiento aplicado por el Gobierno de Ibarretxe. Una comisión de expertos del Instituto de Estudios Autonómicos elabora para la ponencia el trabajo de encaje en el marco legal de las propuestas políticas. Maragall ha querido poner todos los temas sobre la mesa, incluyendo los más delicados, pero la ponencia ha aparcado para el tramo final, contra el criterio de CiU, tres puntos que suscitan desacuerdos incluso dentro del tripartito: la definición de Cataluña, el modelo de financiación y la eventual mención al derecho de autodeterminación.

El método parece adecuado para ir construyendo un consenso suficiente. A diferencia de otros estatutos, el de Cataluña exige una mayoría de dos tercios para su reforma. Ello ya obliga a buscar un amplio acuerdo. Esa necesidad se ve reforzada por la intervención ulterior de las Cortes, sin cuya convalidación la reforma no adquiriría validez. Pero el hecho de que el texto salido de las Cortes deba ser sometido a referéndum de los catalanes configura un equilibrio que hace que todas las partes estén interesadas en el consenso.

Con toda probabilidad, ese consenso estará condicionado por la actitud que los partidos adopten respecto a las reformas constitucionales, especialmente la del Senado y también, si se plantease, la relativa a la distinción entre nacionalidades y regiones. Las reformas constitucionales irán a ritmo más lento para que su votación coincida con el fin de la legislatura y permita su ratificación por la siguiente Cámara y en referéndum.

Ello aumenta el interés de contar con un organismo de cooperación entre comunidades y de éstas con el poder central, sobre cuya necesidad parecía existir consenso hace años. Ahora el PP bloquea la iniciativa (del mismo modo que boicotea otros foros interterritoriales, como ayer el de Sanidad). Es incoherente porque mientras no exista un Senado verdaderamente territorial, esa Conferencia debería jugar un papel de contrapeso a la estricta división ideológica que se manifiesta en el Congreso: propiciando acuerdos entre comunidades con intereses compartidos, al margen del color de sus gobiernos en asuntos como la política hidráulica, y evitando bloqueos irresolubles en torno a problemas como la polémica sobre el catalán y el valenciano.