La juez Palacio pide informes a Defensa y Turquía para investigar el caso del Yak-42

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacio comenzó ayer a investigar el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), solicitando al Ministerio de Defensa el resultado de la investigación interna concluida en diciembre pasado y a las autoridades turcas un informe pericial sobre las causas del siniestro y una relación de los fallecidos. La magistrada rechaza el archivo de la causa, solicitado por el ex secretario de Estado de Defensa Fernando Díez Moreno, "dado el momento procesal inicial de las actuaciones".

La providencia notificada ayer supone el inicio de la instrucción del caso, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera, el pasado 15 de julio, declarar la competencia de este tribunal, que había sido repetidamente rechazada por la juez.

La Sala estimó que la investigación debía ceñirse a determinar "la responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido determinados funcionarios españoles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspección y control" de las condiciones en que volaban los militares y a comprobar si se falsificaron los certificados de defunción, a la vista de los errónea identificación de 30 de los 62 cadáveres.

La Audiencia Nacional no indagará en las causas directas del siniestro, ya que éste es objeto de investigación por parte del juzgado de la localidad de Macka (Turquía), en cuyo partido judicial se estrelló el Yakovlev 42 cuando regresaba desde Afganistán.

El fiscal considera que la contratación del vuelo y la identificación de los fallecidos son dos hechos sin conexión entre sí, tanto desde el punto de vista del presunto hecho delictivo como de los autores, por lo que deberían ser investigados en procedimientos diferentes. La juez considera, sin embargo, que antes de pronunciarse sobre un eventual división del sumario debe examinar la documentación solicitada.

En concreto, la juez reclama al Ministerio de Defensa un documento, denominado "Información previa" que fue encargado por el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, al coronel jurídico Ricardo Fortún.

El documento, firmado en diciembre de 2003 y publicado por EL PAÍS el pasado 16 de enero, reconocía que las 14 quejas elevadas por los militares españoles sobre el mal estado de los aviones ex soviéticos demostraban que el servicio "no se prestaba en condiciones óptimas" y, además, no surtieron "el efecto deseado de corrección, a la vista de la reiteración en determinados incumplimientos oportunamente denunciados". Entre otras quejas, subraya las que "afectan a la misma seguridad de la aeronave", como las referidas a "defectos en las ruedas del tren de aterrizaje, en las puertas de acceso y emergencia o en los extintores".

El informe interno de Defensa recuerda que tanto la agencia NAMSA de la OTAN, a través de la cual se fletaban los vuelos, como el Estado Mayor Conjunto español tenían derecho a una inspección "no sólo documental sino también material" del estado de los aviones, aunque agrega que dicha función correspondía "en primer lugar a NAMSA, en virtud de las obligaciones asumidas" en su acuerdo con España.

La juez también reclama a las autoridades turcas "el informe pericial sobre las causas del siniestro aéreo y relación de personas que constituían el pasaje que resultaron muertas".

Igualmente, la juez quiere que el Ministerio de Defensa le remita los documentos originales firmados por los dos funcionarios que se trasladaron a Turquía para identificar los cadáveres, el general de división médico Vicente Navarro y el teniente general del Aire José Antonio Beltrán.

Precisamente, la declaración como imputados de ambos generales, cuyo pase forzoso a la reserva fue acordado por el Gobierno en julio pasado, es la única de las diligencias solicitadas por el fiscal que no ha sido aceptada de momento por la magistrada.

Exhumación de cadáveres

La juez tampoco se pronuncia sobre la exhumación de los cadáveres mal identificados, que la mayoría de las familias desea llevar a cabo para recuperar los verdaderos restos de sus parientes.

En cambio, rechaza por prematura la petición de archivo presentada por el ex secretario de Estado y número dos del Ministerio de Defensa con Trillo-Figueroa, Fernando Díez Moreno, que se ha personado en la causa, al igual que los dos generales.

Leopoldo Gay, abogado que representa a la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, se felicitó ayer de que la Justicia haya empezado finalmente a investigar una denuncia que fue presentada en octubre pasado, hace casi un año. La juez, agregó el letrado, ha "empezado la casa por los cimientos".