Grimau, condenado de nuevo en 1990

En 1990, el Estado reconoció a los herederos de los encarcelados en el franquismo el derecho a recibir pensiones. De los fusilados no dijo ni palabra. Sus viudas no sólo tienen que asumir que los ajusticiamientos de sus maridos, tras un juicio sumarísimo sin ningún tipo de garantías, no sea indemnizado. También saben que, para los tribunales, las condenas fueron legales. Lo saben por Ángela Martínez Lanzaco, la viuda de Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, fusilado en 1963 después de terribles torturas y a pesar de las protestas del Papa. Manuel Fraga, ahora presidente de la Xunta de Galicia, era ministro de Gobernación y preparaba la famosa campaña 25 años de paz.

En 1990, la viuda de Grimau pidió su rehabilitación y la Sala Militar del Tribunal Supremo se la denegó. Muchos años después, en abril de 2002, Izquierda Unida intentó que al menos el Congreso le rehabilitara. El diputado de IU Luis Carlos Rejón señaló: "Ya está bien que en democracia y por la democracia hombres como Fraga hayan terminado rehabilitándose; eran unas personas que en su momento lucharon contra la libertad, pero sería duro que cuando ya tenemos esa democracia, esa libertad conquistada, uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima siga sin rehabilitar".

Como era costumbre en esos días de mayoría absoluta del PP, todos los grupos apoyaron la iniciativa salvo el mayoritario. Su diputado Manuel Atencia argumentó: "En España alcanzamos un pacto constitucional y un proceso de reconciliación nacional. Si de lo que se trata es de abrir un proceso revisionista de todo el proceso de transición política, este grupo no puede estar de acuerdo. Es un error histórico. Cuando se han cumplido más de 25 años de las primeras elecciones libres, la situación está perfectamente encajada".

No lo está para la viuda de Grimau, ni para los familiares de miles de ciudadanos ajusticiados por el régimen franquista. La viuda del dirigente comunista, que aún vive, salió muy dolida del proceso judicial. Le costó mucho esfuerzo decidirse, casi 30 años después de la muerte de su marido, a acudir a los tribunales. José Jiménez Villarejo presidía entonces, en enero de 1990, la Sala de lo Militar del Supremo y le dio la razón. Pero los otros siete magistrados no lo hicieron, y la sentencia fue terrible para la viuda.

La sala concluyó que el recurso extraordinario de revisión presentado está previsto para supuestos en los que se aporten "nuevos hechos o nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado". Nunca pensó que tuvieran que probar la inocencia de su marido, porque creía que no podía ser considerado legal y justo, en 1990, un juicio sumarísimo -algo que no existe en la actual legislación- que se realizó sin ningún tipo de garantías. El Supremo estaba, de facto, declarando culpable por segunda vez a Grimau.

El resto de la sentencia era aún más demoledor. Decía que el motivo principal por el que no se podía declarar nulo el consejo de guerra consistía en la necesidad de defender la "seguidad jurídica" y el "respeto a la cosa juzgada".

El Tribunal Constitucional no admitió a trámite los recursos de amparo de la viuda de Grimau y del entonces Fiscal General del Estado, Javier Moscoso, por entender que la sentencia de la Sala de lo Militar no había vulnerado derechos fundamentales de los herederos del dirigente comunista fusilado. La viuda quedó muy desanimada y no quiere más batallas, pero el PCE está tratando de convencer a la hija de Grimau para que autorice a exigir que se revise la sentencia.