Toda la historia

HACE UN PAR DE AÑOS, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó una declaración en la que, sin mencionar la rebelión militar de julio de 1936, se afirmaba que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios". Habitual y erróneamente citada como primera condena del golpe de Estado contra la República -no ha habido hasta hoy ninguna condena institucional de la rebelión militar-, esta declaración recordaba también "el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista".

La necesaria distinción entre víctimas de la Guerra Civil y víctimas de la represión de la dictadura ha desaparecido del real decreto aprobado el 10 de septiembre, que atribuye a una comisión interministerial la tarea de elaborar un informe sobre los derechos reconocidos a las personas que, "por su compromiso con la democracia, fueron objeto de actuaciones represivas desde el inicio de la guerra civil hasta la plena restauración de la democracia". Es posible que el inciso relativo al compromiso con la democracia quiera significar a las personas asesinadas o ejecutadas por los rebeldes a medida que ocupaban territorio de la República. Pero se trata de un concepto confuso, improcedente en miles de casos, que sólo sirve para establecer una indebida línea de continuidad de la represión entre guerra y dictadura. Pero durante la guerra actuaron dos Estados; luego sólo quedó uno, con todos los poderes: evidentemente, no es lo mismo la "actuación represiva" en uno u otro caso.

Las víctimas de la Guerra Civil no pueden quedar englobadas en la misma mirada que las víctimas de la represión de la dictadura. Desde el golpe de Estado y de la revolución que fue su secuela, decenas de miles de españoles fueron "víctimas de la guerra civil" aunque su compromiso no fuera con la democracia e incluso aunque no tuvieran compromiso alguno: miles de ciudadanos fueron arrancados de sus domicilios y liquidados en macabros "paseos", tanto en zona rebelde como en zona republicana, sin procesamiento, sin juicio, por la más arbitraria denuncia o por enemistad personal. Un Estado democrático está obligado a reconocer todas las violaciones de derechos humanos sin hacer distinciones por el tipo de "compromiso" de la víctima ni el suelo en el que fuera enterrada.

Ciertamente, en este reconocimiento, el Estado español tiene una deuda especial con los asesinados y ejecutados por el bando rebelde. Y no porque, como se repite también erróneamente, la transición haya echado sobre ellos un manto de olvido y de silencio. En la transición se habló mucho de muertos y de represaliados, se localizaron muchas fosas y se reconocieron algunos derechos y pensiones a víctimas de la represión. No fue en la transición, sino en el periodo inmediatamente posterior, tras el abrumador triunfo electoral del PSOE, cuando el interés por la historia decayó sensiblemente. Fue entonces cuando el Ministerio de Cultura borró los tres brochazos -morado, amarillo y rojo- que Alberti pintó para el cartel de un congreso conmemorativo del 50º aniversario de la guerra. Tal vez el entonces jefe de gabinete del ministro de Educación, que tanto empeño ha mostrado en acusar a la transición de silencio, amnesia y otras enfermedades malignas, podría explicar la política desarrollada durante la década de 1980 en relación con la memoria de las víctimas de la guerra y de la represión.

La transición inició un proceso de recuperación de la memoria que interesó a un público muy amplio; luego, historiadores y periodistas fueron cumpliendo su tarea hasta publicar decenas de libros con listas de asesinados y ejecutados. Es hora de rematar lo iniciado hace ya 30 años y bienvenida será la comisión interministerial si sitúa su trabajo bajo el único principio posible: la búsqueda de la verdad. Habrá que culminar la investigación de todas las violaciones de derechos humanos cometidas, sea cual fuese el móvil y el agente, durante la guerra y completar otra muy distinta -porque afecta sólo a aparatos de Estado: policía, tribunales civiles y militares, prisiones- de las violaciones cometidas durante la dictadura. Exigirán, las dos, un trabajo ímprobo, pero será la única manera de cumplir lo recomendado por la Constitución de Comisión cuando pedía, en términos más precisos que los empleados en la reciente nota del Consejo de Ministros, el "reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista": éste es el único modo de contar toda la historia.