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Entrevista:JUAN JOSÉ LÓPEZ GARZÓN | Delegado del Gobierno

"Todavía hay soluciones en los astilleros"

Juan José López Garzón (Jaén, 56 años) vuelve a la Delegación del Gobierno en Andalucía, tras su efímero paso hace ocho años para sustituir a Amparo Rubiales, que dimitió entonces del cargo para concurrir como candidata al Congreso de los Diputados. Ahora vuelve a ser designado delegado del Gobierno en sustitución de José Antonio Viera, tras ser elegido éste secretario general del PSOE de Sevilla. Su primera sensación es que en 1996 el Gobierno del PSOE estaba en un final de etapa y que ahora tiene toda una legislatura por delante para trabajar. Su primera prueba, el conflicto de los astilleros.

Pregunta. ¿Qué diferencias ha encontrado entre su llegada hace ocho años y ahora?

Respuesta. En aquel momento fui nombrado delegado del Gobierno por la dimisión de Amparo Rubiales, que se presentaba como diputada al Congreso. Entonces era de sensación de un final de etapa que las urnas vinieron a corroborar. Ahora es radicalmente distinto. Estamos al inicio de legislatura, con una nueva época. Hace ocho años el horizonte era de provisionalidad, y ahora hay un proyecto por delante que hay que poner en marcha.

"La situación de los astilleros es de prequiebra, ésa es la realidad"
"La actuación de la policía es lo más proporcionada y prudente posible"
"El PP no dio salidas a la inmigración"
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P. ¿Siente que ha venido de rebote?

R. No. Siento lo que es la realidad, el delegado del Gobierno en Andalucía, con una legislatura por delante.

P. El primer conflicto importante que se ha encontrado al llegar al cargo es el de los astilleros. ¿Tiene una salida económica la empresa?

R. La situación de los astilleros es de prequiebra, ésa es la realidad. Por varios motivos: la ausencia de carga de trabajo suficiente, la competitividad que se ha impuesto en los astilleros asiáticos y la espada de Damocles, que terminará cayendo, de la devolución de las ayudas a la Unión Europea. El prefijo de prequiebra desaparece en el momento en que sea comunicada formalmente la necesidad de devolver las ayudas públicas y se pasa a la situación de quiebra. ¿Qué diferencia hay entre prequiebra y quiebra? Una sustancial. Cuando estamos en prequiebra, siendo conscientes de que hay una dificultad tremenda, hay posibilidades de buscar soluciones. Cuando se declara formalmente la quiebra no se puede intervenir, pues ya se produce la intervención judicial. En ese hueco que tenemos, reconociendo que estamos en una situación dificilísima, todavía se pueden encontrar soluciones. Estamos en el momento de hacer algo y hay que hacer algo.

P. ¿Qué soluciones se pueden ofrecer?

R. Las soluciones puestas por la SEPI

[Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] están en la mesa de negociación. La posición del Gobierno la ha fijado el presidente Rodríguez Zapatero: se tomarán aquellas decisiones que sean precisas para asegurar la viabilidad de los astilleros y esas decisiones se harán de acuerdo con los sindicatos. Es el gran reto que tenemos. En los ocho años de Gobierno del PP el problema no se ha abordado. Como consecuencia de dar unas ayudas declaradas ilegales, se puede producir la quiebra de astilleros. El activo será menor que el pasivo cuando se comunique la petición de devolución de las ayudas. Eso hará quebrar astilleros, salvo que seamos capaces de encontrar una solución antes. Luego no se podrá hacer nada. Es positivo que no hayan roto las vías de comunicación y el 23 todas las partes van a volver a sentarse.

P. Pero el plan de la SEPI parece incompatible con las demandas de los trabajadores. ¿Quién debe ser más flexible en la negociación?

R. La SEPI ha puesto su plan, que es la base de la negociación. Hará todas las concesiones que pueda hacer para buscar el acuerdo siempre que esas concesiones aseguren la mayor. Para que los astilleros sigan con su actividad debemos tener resuelto el dimensionamiento adecuado de la plantilla, una carga de trabajo suficiente y que sean competitivos. Lo que se trata es de salvar a los astilleros. El Gobierno que salió de las urnas el 14 de marzo se ha encontrado con unos astilleros que están condenados a desaparecer.

P. Las protestas de los trabajadores han provocado algunos problemas, sobre todo en Cádiz, que queda colapsada cada vez que hay un movilización. ¿Se van a tomar medidas?

R. Las medidas se han tomado. La presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es importante. Y gracias a esa presencia los daños a la circulación y al patrimonio público, se reducen al mínimo. Estamos actuando de la manera más proporcionada y prudente posible para no complicar más la situación. Lo que me temo es que hay grupos, probablemente de incontrolados, que estén buscando que la situación sea más tensa de lo que ya es. La policía ha sufrido agresiones importantes. [Se levanta y muestra una bolsa con tuercas y trozos de hierro]. Esto es una muestra de lo que le tiran a la policía. Aún así, creemos que estamos a tiempo de que la protesta no se salga de los cauces que debe tener. Es un conflicto laboral.

P. ¿Va a mandar más policías a los puntos más conflictivos?

R. El número de agentes que hay en Cádiz es suficiente. La alteración del tráfico me preocupa muchísimo y pido comprensión a los ciudadanos, pero si el problema se limitase a eso, es un coste que se podría asumir.

P. Antes ha hablado de grupos de incontrolados y hace unos días de encapuchados. ¿Qué persiguen?

R. Estoy seguro de que gran parte de los trabajadores no comparte la actitud de buscar el enfrentamiento cruel con la policía. Estos grupos lo hacen por su forma de ver la vida. Pueden pensar que cuando más difícil sea la situación más posibilidades hay de llegar a un acuerdo, pero eso es un sinsentido. El acuerdo, que estoy seguro que se va a alcanzar, va a ser el que permita acercarse más a las posiciones de los trabajadores y que puedan seguir funcionando los astilleros.

P. Ahora hay un nuevo clima en las relaciones entre la Junta y el Gobierno. ¿La negociación de de la deuda histórica debe hacerse de forma bilateral entre la Junta y el Gobierno o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde están todas las comunidades y el Ejecutivo central)?

R. Hace muy pocos meses que se constituyó el Gobierno de Zapatero y todas las comunidades han establecido un marco de relaciones con el Gobierno radicalmente distinto. Fruto de este marco es el pago de los 2.500 millones de euros de la financiación autonómica, un acuerdo que hace seis meses era impensable. Ese marco ayuda a buscar puntos de encuentro. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es un buen organismo donde discutir la aplicación de la disposición adicional segunda del Estatuto, lo cual, si somos sensatos, no es incompatible con algún encuentro bilateral. Cualquier otra cosa es debatir más las formas que el fondo.

P. ¿Qué impacto pueden tener las medidas sobre la inmigración del Gobierno en Andalucía?

R. En los ocho años de Gobierno del PP se ha hablado muchísimo de inmigración, se han hecho modificaciones continuas de la ley, pero el problema no ha cambiado nada. Se ha debatido, pero no se han dado soluciones. No recuerdo una medida concreta sobre inmigración. Es uno de los escasos temas que debe ser política de Estado y no usarse como arma arrojadiza. Hay situaciones que son un sinsentido, sobre todo en el campo. Hay inmigrantes que no pueden ser devueltos a sus países porque no hay convenios de repatriación, no pueden trabajar y los empresarios carecen de mano de obra y si los contratan cometen un delito. El Gobierno está buscando soluciones a esas situaciones.

P. ¿La extensión del SIVE es una solución al drama de las pateras?

R. España, como estado de la Unión Europea, tiene unas obligaciones y tiene que cumplir con las normas. Por tanto es necesario que tengamos un sistema de vigilancia, que cumple con la finalidad de disuadir a aquellos delincuentes que comercian con seres humanos aprovechando su situación de desesperanza. El efecto llamada es el hambre, la desesperación, algo que nunca he oído poner sobre la mesa al PP. Esta primera función del SIVE es preventiva. Y tiene también que lucha contra el tráfico de drogas.

P. ¿Cuándo van a empezar a trabajar las patrullas mixtas compuestas efectivos policiales de España y Marruecos?

R. Ha habido estos días una reunión del reino español y el reino de Marruecos y va a haber una acuerdo en pocos días.

P. El Gobierno ha anunciado un aumento de las plantillas de las fuerzas de seguridad, ¿qué parte corresponde a Andalucía?

R. Tenemos un diseño que va a suponer mejorar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía. En octubre llegarán nuevos efectivos y el segundo paso será la primera quincena de enero. Estamos intentando consensuar la cifra. Con esos dos golpes no alcanzamos la plantilla ideal pero nos acercamos.

P. ¿Cuál es la plantilla ideal?

R. El problema tiene dos vertientes. El primero es cubrir la plantilla existente, que es la fase en la que nos encontramos, y un segundo paso es dimensionar la plantilla y distribuirla geográficamente.

P. ¿Cuántos efectivos espera en octubre?

R. En Andalucía oriental todavía no hemos entrado, pero aquí por encima de los 100 en octubre y en enero la misma cifra

P. Uno de los principales problemas de este verano han sido los incendios. ¿No ha sido un poco decepcionante que al final haya habido tan pocas detenciones?

R. En el incendio de Huelva, hay un detenido [salió el viernes en libertad sin fianza], no tengo criterio ni debo entra en el fondo pero la investigación ya está en terreno judicial. No puedo prejuzgar si es o no intencionado. De cuatro incendios que merece la pena hacer consideración, en tres de ellos está la mano del hombre y están puestos a disposición judicial. Es una llamada de atención a toda la ciudadanía.

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