Cinco familias de San Cristóbal, desalojadas por grietas en sus casas

Primero fue un crujido, luego varios cascotes se cayeron al suelo y 17 personas tuvieron que salir precipitadamente de madrugada de sus casas. Veinte familias que residen en el número 42 de la calle de Rocafort, en San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), sintieron anoche cómo temblaban sus viviendas. El edificio está tan deteriorado que los residentes vivieron un auténtico terremoto. Cinco de esas familias, las que viven en la parte del bloque con más grietas, fueron desalojadas de sus casas. El inmueble, como la mayoría de la barriada de San Cristóbal, sufre graves problemas de cimentación.

Los vecinos del número 42 de la calle de Rocafort llevan años conviviendo con las grietas, las estructuras de las casas deformadas y los suelos abombados. La madrugada de ayer, el edificio, como otras muchas noches, crujió. Pero esta vez de forma distinta. "Llevábamos tres días escuchando ruidos, pero esta vez ha sido mucho peor", explicó Ana Morilla, una vecina de 77 años. Los residentes, asustados, llamaron a los bomberos, que acudieron al lugar acompañados por técnicos municipales. Los técnicos determinaron que cinco de las familias no podían pasar la noche en sus viviendas. El Samur Social realojó en distintos hostales de la capital a 16 personas. Morilla fue la única que durmió en casa de un familiar. El resto de los residentes, de momento, pueden seguir en sus casas.

La historia de este inmueble es muy parecida a otros muchos de San Cristóbal de los Ángeles.El portal de al lado, el número 44, tuvo que ser desalojado por completo hace tres años. Esta barriada de Villaverde se construyó, en su mayor parte, en la década de los cincuenta. Las viviendas pertenecen a tres promociones distintas: una llevada a cabo por Poblados Dirigidos, del extinto Ministerio de la Vivienda; otra de la inmobiliaria privada Norah, ya desaparecida, y una tercera realizada por Renfe. Las tres presentan el mismo problema: el terreno es arcilloso y las viviendas no se construyeron con la suficiente cimentación.

La rehabilitación de 4.300 viviendas ruinosas de este barrio tiene una larga historia. En 1991 las administraciones se gastaron 19,2 millones en una rehabilitación parcial, pero las grietas volvieron a abrirse. Después de años de movilizaciones vecinales, el Ministerio de Fomento, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid firmaron en 1999 un convenio para rehabilitar el barrio. Las administraciones se comprometían a pagar la mitad de los 64 millones de euros que iba a costar la rehabilitación: Fomento pondría 14,2 millones; el Gobierno regional, otros 11,2 millones y el Ayuntamiento, 5,4. El resto correría a cargo de los vecinos.

Las obras tenían que haber terminado en 2003, pero el proceso va a paso de tortuga y ha tenido que ser prorrogado hasta 2007. Entre otras cosas porque, para rehabilitar cada bloque (hay más de 150), los vecinos tienen que aprobarlo por unanimidad y pagar la mitad del coste (algo más de 66.000 euros). Muchos vecinos no quieren o no pueden asumir ese gasto. "Lo ocurrido ayer tiene que ser una llamada de atención para las comunidades de vecinos que no se ponen de acuerdo en demoler sus pisos", señaló ayer Sigfrido Hérraez, concejal de Vivienda (PP).

El edil aseguró que, en la mitad de las 4.300 viviendas que forman parte del plan de rehabilitación, la Administración ya está actuando.

Actualmente hay 370 viviendas, entre las que se encuentran las 20 del edificio desalojado ayer, con las estructuras muy deterioradas y que tienen que ser rehabilitadas urgentemente o demolidas, según los datos de la asociación de vecinos del barrio. "Hay unos 15 edificios que están bastante mal, con la ruina ya declarada, y en los que los residentes no se ponen de acuerdo", señaló Prado de la Mata, presidenta de la asociación de vecinos de San Cristóbal de los Ángeles.

Los residentes del inmueble desalojado ayer aseguraron que tan sólo una familia de las 20 se opone a la demolición. "Es un señor que dice que no hay grietas, y si tiene alguna la tapa con cemento y ya está", criticaron un grupo de vecinas. Esta situación de bloqueo se repite en otros inmuebles. "La Administración tiene que mediar entre los vecinos, es un tema social más que urbanístico", concluyó De La Mata.

Otra circunstancia agrava la situación. Hay personas que, a pesar del estado de las casas, compra una vivienda. Y luego no están dispuestas a demoler porque tienen que afrontar los gastos de la hipoteca.