La oposición pide a Nadal que dimita por el 'caso Terres Cavades'

Tras la dimisión del concejal de Urbanismo de Tarragona, Àngel Fernández, la oposición en bloque pide ahora la cabeza del alcalde, Joan Miquel Nadal (CiU). La piden tras conocer que Fernández posee el 50% de las acciones de Saferpu, SA, una empresa participada al 50% por el hermano de éste, Juan Fernández, y que es la titular del 9,8% de las acciones de la sociedad Promocions Terres Cavades, firma que tiene previsto edificar las 4.872 viviendas incluidas en la mayor reforma urbanística de los últimos años en Tarragona.

Los hermanos Fernández fundaron la inmobiliaria Saferpu en 1996, cuando Àngel era concejal de Hacienda, con las aportaciones de dos empresas: Gedon SL, de Àngel Fernández, y Marsein SA, de Juan.

El portavoz del grupo municipal socialista, Josep Fèlix Ballesteros, argumentó ayer que el alcalde "ha perdido los papeles" en este asunto. Ballesteros recordó que en la primera intervención pública del alcalde tras conocerse que Juan Fernández tenía intereses económicos vinculados a Terres Cavades, Nadal aseguró que no conocía esta circunstancia.

La oposición municipal -PSC, ERC e ICV- asegura que el alcalde "mintió". La portavoz republicana, Rosa Rossell, aseguró estar convencida de que "el alcalde tuvo conocimiento de todo" y por eso exige que Nadal acompañe a Fernández y presente su dimisión. ICV, por su parte, aprovechó para reclamar una "reforma integral" de la política urbanística de la ciudad.

Además de la dimisión de Nadal, el PSC exige un nuevo informe jurídico municipal que determine la legalidad del proceso administrativo que ha seguido el proyecto de Terres Cavades. Antes de conocerse la participación económica del ex concejal de Urbanismo en la sociedad promotora de Terres Cavades, el vicesecretario del Ayuntamiento emitió un informe que certificaba la legalidad del proceso, pese a que el reglamento municipal impide explícitamente que los concejales participen en una votación que afecte a intereses de parientes de hasta cuarto grado de consaguinidad.

El informe argumentó que el proyecto era un asunto de "interés general", como las ordenanzas municipales o el plan general, en el que todos los ediles tienen intereses particulares -todos los ciudadanos, en definitiva-, pero en el que los concejales deben ejercer su voto.

"Ahora todo cambia", señaló Ballesteros, y añadió que la relación directa del ex concejal con los promotores de Terres Cavades deberá añadirse a la documentación que ERC ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en forma de recurso contencioso administrativo.

Por otra parte, el senador convergente Lluís Badia, también ex concejal y presidente de la Autoridad Portuaria, admitió ayer haber comprado dos fincas en Terres Cavades, una en 1993 -cuando se debatía el plan general que recalificó los terrenos- y otra en 1997, ambas por un valor de unos 360.000 euros. Badia, que anunció una querella contra el diario El Mundo por publicar la información anteayer, vendió las fincas en el año 2002 por 4,4 millones de euros. Una plusvalía "lógica", aseguró.