Respuestas para una solución inexplicable

La comisión abierta en el Ayuntamiento de Sevilla para investigar el desalojo del asentamiento chabolista de Los Bermejales ha interrogado en las dos últimas semanas a una treintena de políticos y funcionarios que tienen o han tenido responsabilidad en las áreas de Urbanismo y Bienestar Social en los últimos años.

El objetivo era conocer los pasos que llevaron a desmantelar el asentamiento previo pago a 44 familias chabolistas el pasado 28 de junio. La comisión volverá a reunirse el miércoles para extraer conclusiones, pero las declaraciones de los comparecientes dejan ya algunas cuestiones resueltas, mientras que otras siguen sin respuesta. Al cierre de la comisión, queda una pregunta: ¿Ha servido para algo?

M. Marchena / PSOE. Le encargaron diseñar el desalojo y solicitó la presencia policial

A. TorrijoS / IU. No le informaron de la operación para evitar fugas de información

P. Vivancos /PA. Su partido contrató a Inmoavance tras un concurso restringido

J. Raynaud / PP. Su grupo apoyó el acuerdo con la empresa, pero no el pago a las familias

- ¿Quién toma la decisión de desalojar el asentamiento previo pago a las familias?

El desalojo se decide el 28 de junio en una reunión entre el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y algunos concejales socialistas. Los ediles de Urbanismo, Emilio Carrillo; Bienestar Social, Antonio Rodríguez Galindo; Gobernación, Francisco Fernández; e Innovación, Aurora Atoche, han declarado ante la comisión que asistieron a ese encuentro. Hubo discrepancias, sobre todo por parte de Rodríguez Galindo y Atoche, pero el acuerdo final fue unánime.

- ¿Quién estaba informado de que se iba a producir el desalojo el 28 de julio?

Al margen de los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, sólo Carrillo y Marchena han afirmado que conocían la fecha y la hora de la operación. El delegado de Urbanismo estaba de vacaciones, pero el gerente le mantuvo al tanto por teléfono. El concejal de Gobernación asegura que desconocía el dispositivo, aunque la Policía Local participó en él. El edil de Bienestar Social afirmó que, de haber sabido la fecha, hubiera puesto en marcha un operativo de seguimiento de las familias para evitar que éstas recalaran en el Polígono Sur.

- ¿Por qué no se informó a IU?

Todos los concejales socialistas que han comparecido han reconocido que sus socios de gobierno no fueron invitados a la reunión del 28 de junio. Según Carrillo, la intención era "evitar fugas de información" para que la operación se realizara con la máxima discreción.

- ¿Por qué se encargó el desalojo a la empresa Inmoavance?

PSOE e IU han insistido en los últimos días en las "estrechas relaciones" entre Inmoavance y el PA, el partido que mandaba en la Gerencia de Urbanismo en 2002, cuando se adjudicó el desalojo del asentamiento y el realojo de los chabolistas. El ex edil de Urbanismo, el andalucista Rafael Carmona, asegura que el servicio se adjudicó mediante el procedimiento de "concurso por invitación". Además de Inmoavance, fueron invitadas la empresa Galia y Prasa, responsable del desalojo de Los Perdigones en 2001.

- ¿Por qué se modificó el contrato que obligaba a la empresa a realojar a las familias?

Inmoavance no acudió el pasado miércoles a su cita con la comisión, pero envió una declaración escrita en la que asegura que los propios chabolistas dejaron de creer en el realojo tras comprobar el "rechazo social" que sufrían las 19 familias que sí fueron realojadas en 2003. Según el informe de Inmoavance, la Junta de Compensación decidió cambiar el contrato tras varias reuniones "con fuertes reuniones de las cooperativas de viviendas" que habían sido seleccionadas para edificar en el suelo del asentamiento.

- ¿De quién fue la idea de dar dinero a los chabolistas?

Inmoavance asegura que los propios chabolistas propusieron que se les pagara dinero para abandonar el desalojo y que ellos se encargarían de buscar una nueva vivienda. El gerente de Urbanismo aseguró también que los chabolistas propusieron esta solución en una reunión con la Delegación de Bienestar Social el 10 de julio de 2003. La comisión de investigación ha repasado también el acta de la Junta de Compensación celebrada el 11 de mayo de 2004, en la que la empresa Viapol propone formalmente la posibilidad de pagar a los chabolistas. Según este acta, los miembros de la Junta optaron por dejar un mes de plazo a Inmoavance antes de descartar definitivamente la posibilidad de realojar a las familias. El informe de Inmoavance, sin embargo, asegura que el proceso de desalojo y realojo se paralizó en octubre de 2003. "En Inmoavance se tenía el convencimiento de que ninguna familia más saldría del asentamiento si no era mediante una compensación económica", recoge el escrito redactado por la empresa.

- ¿Quién diseñó el desalojo?

Emilio Carrillo y Manuel Marchena coincidieron en sus comparecencias en que el primero encargó al segundo la puesta en marcha del desalojo tras la reunión presidida por el alcalde el 28 de junio. Marchena asegura que le encargaron "calcar" el desalojo del asentamiento de Los Perdigones, que se produjo en enero de 2001 y que eso es lo que hizo. Él también fue el encargado de solicitar la presencia en el asentamiento de los dos cuerpos de policía

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- ¿El gerente de Urbanismo puede modificar un contrato sin consultar al Consejo de Gerencia?

Manuel Marchena firmó el 22 de julio la última modificación del contrato con Inmoavance. El cambio supone que la empresa ya no tiene que realojar a las familias, sino entregar a cada una de ellas 42.000 euros. La única condición es que los chabolistas no adquieran una vivienda en el Polígono Sur. La jefa de servicio de Urbanismo, María Luisa Arcos, informó a la comisión de que, "en términos generales", el gerente no puede cambiar un contrato sin consultárselo al Consejo de Gerencia. No obstante, según Arcos, esta modificación no es "sustancial", por lo que el procedimiento se considera válido.

- ¿Puede el gobierno no pagar a Inmoavance por considerar que ha incumplido el contrato?

IU ha anunciado que "hará lo posible" para evitar que la empresa cobre. Los socialistas se muestran dispuestos a dar marcha atrás en el contrato, pero han encargado un informe jurídico para valorar las consecuencias del impago. El argumento legal del gobierno parte de que la empresa no evitó que una treintena de las familias del asentamiento hayan invertido el dinero en un piso en el Polígono Sur.

- ¿Cómo se va a solucionar el problema de los realojados en el Polígono Sur?

Los responsables de Bienestar Social que han pasado por la comisión reconocen que aún no saben cuántas familias se han instalado en este barrio. El alcalde aseguró que el Comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, coordinaría el desalojo de los nuevos vecinos y ayudaría a buscar una solución. Los vecinos de la zona se oponen a esta medida porque entienden que obliga al comisionado a solucionar un problema creado por el Ayuntamiento.

- ¿Tiene la oposición alguna responsabilidad en el desalojo?

Del desalojo de Los Bermejales sólo estaban informados algunos ediles socialistas, pero la teoría del PSOE es que la operación siguió el modelo de Los Perdigones, en el que dos familias recibieron dinero y el resto fue realojada. Los socialistas, por tanto, señalan al PA, entonces al mando de Urbanismo, como "ideólogo" del modelo, mientras que al PP le corresponsabilizan por haber votado a favor de la contratación de Inmoavance.