Atilano Martínez o el empresario como víctima

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se siente incómodo con el actual Reglamento de Extranjería: "El texto del PP ha propiciado la creación de una bolsa de economía sumergida. Intuimos que el nuevo Reglamento permitirá que aflore. Aunque sabemos que las infracciones legales continuarán, confiamos en que serán menos".

Para Granado existen dos tipos de fraude: "El que comete el señor que contrata a un inmigrante sin papeles porque ha intentado y no ha podido regularizar su situación, y el que comete el señor que es un sinvergüenza". Y añade: "Queremos un reglamento que nos permita trabajar contra el verdadero culpable, y hemos pedido a la Secretaría de Estado de Inmigración que nos resuelva el problema".

Un ejemplo de falso culpable es Atilano Martínez Padilla, empresario de Albacete cuya peripecia ha podido ser reconstruida por este periódico a partir de varios documentos cruzados entre la policía, la Tesorería General de la Seguridad Social y el propio Martínez.

El 6 de julio pasado, este hombre constituyó una empresa dedicada a servicios agrícolas y comenzó a buscar trabajadores en la bolsa de trabajo de Cruz Roja y a través de un anuncio en un locutorio. Pronto le llovieron candidatos: rechazó a los que carecían de papeles y tramitó el alta en la Seguridad Social de los que disponían de documentación.

Los problemas surgieron enseguida, y no sólo en la Tesorería de la Seguridad Social de Albacete. Desde las delegaciones de otras provincias le comunicaron que algunos de los inmigrantes que había dado de alta ya figuraban inscritos en sus oficinas.

Al día siguiente, cuando los trabajadores se disponían a subir al autobús que los llevaría a trabajar, Atilano les pidió la documentación. "Me encuentro entonces con que más de uno aparece con el mismo permiso y que alguno de los documentos debe estar falsificado, ya que la firma que aparece en el alta que me han firmado es la del subdelegado del Gobierno, que en su ignorancia han tratado de imitar", explica en su descargo ante la Seguridad Social.

Atilano se dirige entonces a la comisaría de policía y entrega allí toda la documentación de los trabajadores, con la que ha realizado las altas en la Seguridad Social. "Lo que pretende aportando esta documentación no es sino verificar la autenticidad de la misma y asegurarse de que está desarrollando su actividad correctamente en lo que al personal que emplea se refiere", recoge el acta de declaración que firma el 22 de julio (es decir, 16 días después de constituir su empresa) en la comisaría de Albacete.

Tras examinar la documentación, la Dirección Provincial de la Seguridad Social descubre que sólo los documentos de cuatro de los 50 inmigrantes que había contratado están en regla. Todos los demás son fotocopias en color.

A las seis de la mañana del día siguiente, cuando los extranjeros iban en el autobús para ir al trabajo, Atilano los espera con la policía al lado. "No sé más del asunto", concluye en su descargo, "aunque creo que [los inmigrantes] siguen en Albacete y trabajando para otros empresarios".

El secretario de Estado se pregunta: "¿De qué nos serviría solucionar el colapso en las oficinas de extranjería si no establecemos unos requisitos razonables para que trabajen los inmigrantes?". Él mismo se responde: "Obviamente, el nuevo Reglamento no va a cambiar de condición a los sinvergüenzas. Pero, a partir de su publicación, no habrá dudas de que el que trabaje al margen de la ley lo hará porque quiere".