El Congreso deja en manos de los técnicos el futuro del trasvase Júcar-Vinalopó

La comisión de Medio Ambiente del Congreso instó ayer al Gobierno a respetar "rigurosamente" las conclusiones del informe de la comisión técnica que analiza la viabilidad del trasvase de aguas desde el Júcar al Vinalopó y que tiene previsto presentar su estudio a finales de octubre. La misma comisión rechazó dos propuestas opuestas, una de Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa Verda-Izquierda Unida, que pretendía paralizar las obras de inmediato; y otra, del PP, que solicitaba acelerar la ejecución del trasvase. La propuesta aprobada fue formulada por ERC e IV-IU, pero el texto final fue acordado sobre una redacción elaborada por los socialistas.

El trasvase entre el Júcar y el Vinalopó está pendiente de un estudio que elaboran seis técnicos que representan al Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la empresa Aguas del Júcar, el sindicato de regantes del Júcar (USUJ), los regantes del Vinalopó y la Fundación Nueva Cultura del Agua. Los técnicos deben establecer antes de finales de octubre si es viable trasladar agua desde el Júcar al Vinalopó sin alterar los caudales mínimos que exige la Unión Europea y sin poner en peligro el aporte de aguas a L'Albufera de Valencia. También deben estimar si la obra es viable desde el punto de vista económico a partir de las cantidades de agua que, efectivamente, podrán trasvasarse.

La iniciativa parlamentaria respecto al trasvase coincide con un nuevo episodio del enfrentamiento que la Generalitat mantiene con el Ministerio de Medio Ambiente y, singularmente, Rafael Blasco, consejero de Territorio, con la ministra Cristina Narbona. Blasco denunció ayer la actitud "hostil" de Narbona hacia los valencianos al solicitar la retirada del decreto que establece el nuevo régimen jurídico de L'Albufera y que, según el ministerio, abre la vía a la urbanización en el entorno del parque natural.

El consejero reiteró que el decreto en cuestión sólo permite la construcción de tres actuaciones de carácter social, solicitadas por otros tantos ayuntamientos, y garantiza la protección del resto del parque. Blasco mantiene, además, que ni el ministerio ni la confederación hidrográfica han contestado a sus requerimientos para informar el decreto antes de su aprobación.