Los convenios van a recuperar la posibilidad de aplicar la jubilación forzosa

Los convenios colectivos van a recuperar la posibilidad de incluir cláusulas para aplicar la jubilación forzosa a los 65 años por razones de empleo. Esa facultad la tenían hasta la reforma aplicada por el PP en 2001 y asimismo una sentencia del Tribunal Supremo de marzo pasado declaró nulas ese tipo de cláusulas. Ahora, como producto del diálogo social, y a petición conjunta de la patronal y los sindicatos, el Ministerio de Trabajo prepara una norma para que en la negociación colectiva se pueda pactar la jubilación obligatoria a los 65 años, no antes, vinculada a políticas de empleo, el mantenimiento de plantilla, la creación de puestos de trabajo o la conversión de contratos temporales en fijos.

Así lo acordaron ayer Trabajo y los agentes sociales en la reunión entre el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, y los representantes de la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT, con la que se retoma el diálogo social. La norma prevé que se puedan incluir esas cláusulas sin perjuicio de los derechos individuales. Es decir, no podrá aplicarse la jubilación obligatoria a los trabajadores que no reúnan los requisitos para acceder a la pensión contributiva, por ejemplo no contar con los 15 años mínimos de cotización.

Participación en la empresa

En el encuentro de ayer también se ha acordado elaborar un proyecto de ley que desarrolle la participación de los trabajadores en los órganos de administración y vigilancia de las sociedades anónimas europeas, y que irá en paralelo al estatuto para esas sociedades que prepara el Gobierno con los aspectos mercantiles.

Esa norma se aplicará en las sociedades que se acojan a esa fórmula a raíz de procesos de fusión, absorción o filiales con presencia en varios países comunitarios. Valeriano Gómez aseguraba ayer que el ámbito de aplicación no será muy amplio, la CEOE tiene serias reticencias, mientras que los sindicatos quieren que la participación de los trabajadores se extienda al conjunto de grandes empresas.

Esa participación de los trabajadores en los consejos de las sociedades europeas está reconocida en una directiva de la Unión Europea que los países miembros deben aplicar antes del próximo 8 de octubre. Hasta el momento, sólo la tienen en vigor Dinamarca y Suecia y está en tramitación en varios países nórdicos, pero en los del sur aún está pendiente. No obstante, la empresa Arcelor, presente en España, tiene ya reconocida la participación de los trabajadores en sus órganos de gobierno.

Un tercer tema acordado ayer es la elaboración del reglamento de extensión de convenios para los sectores que no disponen de ellos por ausencia de interlocutores de la patronal o de los sindicatos. Cuando esté la norma, en esos sectores se podrán aplicar convenios de similar naturaleza.