Los empleados públicos discapacitados podrán elegir su provincia de destino

Las personas con discapacidad que accedan a un empleo público podrán elegir la provincia de destino de su puesto si sus características lo requieren. El Ministerio de Administraciones Públicas tiene listo un real decreto de reglamento para facilitar la igualdad de condiciones de este colectivo en el acceso a un puesto como funcionario. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se mostró ayer muy favorable con el texto. Asegura que es el primer paso para alcanzar el 5% de los puestos de funcionario que por ley está reservado.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró ayer que el objetivo del Gobierno es aprobar a primeros de diciembre este reglamento, que afectará a las personas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33%.

Sevilla presentó ayer el borrador al equipo directivo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para que éste lo estudie y presente sus propuestas. Por ahora ha dado el visto bueno.

En España viven 3,5 millones de personas con alguna discapacidad (física, sensorial o psíquica), según una encuesta que realizó en 1999 el Instituto Nacional de Estadística. Representan el 9% de la población y, sin embargo, su tasa de inserción en el sector público no alcanza ni siquiera el 1%. En el sector privado ronda el 2%.

En la Unión Europea de los 25, España (donde dos tercios de los discapacitado en edad laboral no tiene empleo) ocupa el puesto 24, sólo por delante de Polonia, en cuanto al paro que sufren los discapacitados, según el CERMI.

Su director general, Carlos Rubén Fernández, señaló que los principales problemas para el acceso de las personas con alguna minusvalía a la función pública son las trabas para la formación; la inexistencia de mecanismos para que este colectivo conozca de primera mano la oferta pública, y la dificultad para realizar las pruebas de oposiciones. En el 2000 y 2001, el número de discapacitados que aprobó un plaza para trabajar en la Administración General del Estado fue sólo del 0,2%.

Estas son las principales medidas del borrador del real decreto que prepara el Gobierno para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

- Turno diferenciado. Las plazas reservadas para este colectivo podrán convocarse en un turno diferenciado dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o de forma independiente. Si los puestos ocupados por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 3% de las plazas convocadas, éstas se acumularían al cupo del 5% de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10%.Podrá haber, además, convocatorias independientes en las que todas las plazas estén reservadas a personas con alguna minusvalía.

- Tiempo y medios adaptados. En las pruebas selectivas, personas con alguna discapadidad podrán contar con más tiempo para realizar los ejercicios o con los medios técnicos que requieran, siempre en función del grado de discapacidad que sufran.

- Elección de provincia. Los empleados públicos discapacitados podrán elegir provincia de destino de su puesto por motivos de dependencia personal o dificultades de desplazamiento, que deberán ser debidamente acreditados. Además, la adjudicación de los puestos de trabajo estarán adecuados a las necesidades concretas de cada discapacitado funcionario.

- Formación. Entre los criterios para participar en los cursos de formación de empleados públicos, se incluirá el de estar afectado por una discapacidad. Durante el curso, se realizarán las adaptaciones de medios que la persona con alguna minusvalía requiera, siempre que sea viable. Además, la Administración podrá realizar cursos de formación destinados únicamente a personas discapacitadas.