UPN y CDN plantean reducir las mayoría para elegir órganos institucionales

El Parlamento navarro admitió ayer a trámite una proposición de ley presentada por UPN y CDN que pretende anular las mayorías cualificadas exigidas actualmente para la designación de importantes órganos de control institucional en la comunidad y sustituirlas por mayorías absolutas y simples. La propuesta, que ha cosechado la rotunda oposición del resto de los grupos parlamentarios, persigue reformar tres leyes forales.

Los partidos que sustentan al Gobierno navarro quieren reducir los tres quintos del Parlamento foral exigidos para designar al Defensor del Pueblo-Ararteko sustituyéndolos por la exigencia de mayoría absoluta. De igual modo, la proposición de ley impulsada por el Ejecutivo que preside Miguel Sanz quiere eliminar la exigencia legal de contar con dos tercios del Legislativo para nombrar a los miembros del Consejo Audiovisual de Navarra y a los del consejo asesor de RTVE en la Comunidad foral. En ambos casos UPN y CDN proponen designarlos mediante mayorías absolutas o, en su caso, simples, un listón que alcanzan en el Parlamento.UPN y CDN suman en la presente legislatura 27 escaños en una Cámara de cincuenta miembros. Esa mayoría no sólo les garantiza que su reforma será aprobada, sino que les brinda la seguridad de que no necesitarán consensuar con el PSN-PSOE ni con ningún otro grupo de la oposición el nombramiento del futuro Defensor del Pueblo ni el de los consejeros llamados a controlar la actividad audiovisual en Navarra.

"La iniciativa es de una gravedad extrema porque pretende controlar a la ciudadanía, adormecer a la opinión pública y someter a los representantes legítimos de la sociedad", ha dicho el secretario general del PSN, Carlos Chivite. IU, Aralar y EA-PNV se han pronunciado en parecidos términos.

La Mesa del Parlamento navarro solicitó ayer un informe a los letrados de la cámara para saber si la propuesta se ajusta al ordenamiento jurídico vigente. El nombramiento de la actual Defensora del Pueblo, María Jesús Aranda, y el de los miembros del Consejo Audiovisual de Navarra, fue fruto de los acuerdos alcanzados al comienzo de la pasada legislatura entre UPN y PSN, en virtud de los cuales los socialistas garantizaron el apoyo presupuestario a UPN. A cambio, la derecha aceptó el nombramiento consensuado de unos órganos de control democrático cuya creación fue fruto del empeño socialista. En ese proceso se incluyó la reforma del sistema de elección del presidente de Navarra y el establecimiento de un debate parlamentario anual sobre el estado de la Comunidad foral.

Órgano no deseado

La Defensora del Pueblo de Navarra fue nombrada en febrero de 2001 con los votos de UPN y PSN. El mandato de María Jesús Aranda, abogada, ex parlamentaria y ex portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Tudela, finalizará en 2007. Desde su inicio, la derecha no vio con buenos ojos la creación de la oficina del Defensor del Pueblo-Ararteko de Navarra, cuya consolidación ha contribuido a afianzar la defensa de los derechos de la ciudadanía.

UPN y CDN afirman que quieren evitar bloqueos en estos órganos. De los siete miembros del Consejo Audiovisual, dos los designó directamente el Ejecutivo de Sanz y cinco el Parlamento foral por acuerdo entre PSN y UPN. La renovación parcial de este órgano y la cobertura de una vacante están bloqueados por la falta de acuerdo entre ambos partidos. Los regionalistas presiden y controlan el consejo, que ha tenido un papel esencial en el proceso de control de la creciente actividad audiovisual de la comunidad al supervisar la concesión de licencias de televisión digital terrestre.

Sanz ha defendido la reforma de la ley afirmando que "el pluralismo no es patrimonio de quien más lo proclama, sino de quien lo practica". El portavoz parlamentario de UPN, Carlos García, apuntaló esa tesis: "La valía no es consecuencia de las mayorías que apoyan sino de la forma en que realizan su labor", dijo.