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La Generalitat saldrá del Consejo Económico y Social para reforzar su independencia

El Gobierno catalán suprime la potestad del CTESC de hacer propuestas presupuestarias

La Generalitat dejará de consultarse a sí misma en cuestiones sociolaborales y económicos. El Departamento de Trabajo e Industria remitirá en las próximas semanas al Gobierno catalán el anteproyecto de Ley del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC), que fuerza la salida del pleno de este organismo de los representantes del Ejecutivo. El principal objetivo es garantizar la independencia del CTESC en la elaboración de sus dictámenes. Medios cercanos al Consejo consideran que la continuidad del ex diputado de CiU Rafael Hinojosa al frente del organismo quedará en el aire.

Las mismas fuentes señalaron al respecto que cuando se quiere dar un nuevo aire a una institución, suele haber un cambio en las personas que están al frente.

El CTESC, con un presupuesto de 3,5 millones de euros en 2004 y un equipo estable de una treintena de personas, se constituyó en 2002, aunque la Ley para su creación se aprobó en 1997 con Ignasi Farreres al frente del Departamento de Trabajo. Su objetivo era articular las funciones consultivas y de asesoramiento al Gobierno catalán en temas sociolaborales y económicos y, al mismo tiempo, desarrollar la participación institucional de sindicatos y empresarios con el Gobierno. Hoy, 12 de los 49 miembros que integran el pleno de dicho organismo representan a la Administración y participan directamente en la elaboración de los dictámenes sobre la actividad legislativa del propio Gobierno. "Es el único caso en el mundo que el Ejecutivo gobierna y se consulta a sí mismo", comentan con sorna los sindicatos.

Con el nuevo CTESC, el Ejecutivo catalán dejará de hacerlo. El anteproyecto de Ley que ha elaborado Trabajo e Industria, y al cual ha tenido acceso este diario, prevé "suprimir" el grupo cuarto del pleno del Consejo, integrado por los representantes del Gobierno catalán, con la conseguiente reducción del número de miembros del pleno, que pasará de los 49 actuales (incluido el presidente), a 37.

Entre los que abandonarán el CTESC, se encuentran Mar Serna (directora general de Relaciones Laborales), Francesc Castellana (director general de Empleo) y Santiago Esteban (director de Economía Social, Cooperativas y Autoempresa). También deberán abandonar su cargo José Luis López Bulla, Ferran Cardenal, Celestino Sánchez, Luis Fuertes, Martí Parellada, Esther Sánchez, Raquel Serrano, Josep Francí y Agnès Pardell.

No obstante, la Generalitat se reserva el nombramiento de seis expertos de "reconocido prestigio" que integran el grupo tercero. Éste está compuesto por 12 miembros en representación del sector agrario y pesquero y de la economía social. También desaparecerán de este grupo los representantes de las administraciones locales. El grupo primero lo seguirán integrando 12 representantes sindicales y el segundo, una docena de delegados patronales.

Más reuniones

El nuevo CTESC se reunirá con mayor periodicidad (cada dos meses en lugar de los tres actuales) pero entre sus funciones no figura (como tiene ahora) la de emitir un informe con propuestas para la elaboración de los presupuestos de la Generalitat. Fuentes de Trabajo e Industria explican esta supresión argumentando que sindicatos y empresarios podrán trasladar sus sugerencias en materia presupuestaria al Gobierno catalán en las instituciones específicas que se crearán en breve para canalizar la participación institucional de los agentes sociales.Junto a la salida del Gobierno catalán del CTESC, el anteproyecto de Ley prevé también la supresión, dentro de este organismo, de cuatro áreas de trabajo: empleo, relaciones laborales, seguridad y salud laboral y el área socioeconómica.

Algunas de estas áreas ya pueden discutirse hoy en otras instituciones específicas. Por ejemplo, los trabajos en materia de empleo se canalizan a través del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), que se creó posteriormente al CTESC, aunque también en el año 2002. La Generalitat considera, así, que no tiene sentido mantener los debates sobre empleo en el marco del Consejo. En ello coinciden tanto el Gobierno catalán como los sindicatos, pero en el resto de áreas no existe tanta coincidencia. Los sindicatos, en el marco del acuerdo estratégico para la competitividad, quieren que se cree un Consejo de Relaciones Laborales que aglutinara los trabajos sobre seguridad y salud laboral, inmigración, política de igualdad y negociación colectiva. El Gobierno catalán es reacio a que un único organismo acapare tanta competencia.

En paralelo a la Ley del CTESC, Trabajo elabora la Ley de Participación Institucional para que los agentes sociales puedan estar en los órganos de gobierno de entidades y organismo públicos.

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