Trillo niega que conociera los errores en la identificación de los cadáveres del Yak-42

El ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa salió ayer de su mutismo en torno al escándalo del Yak-42 para difundir, a través de la agencia Europa Press, una breve declaración en la que aseguró que "ninguna autoridad política ni militar de Defensa conocía los errores en la identificación" de los cadáveres. Trillo-Figueroa eludió explicar si va a renunciar a su escaño, como le reclaman las familias de las víctimas y varios partidos, pero adelantó el argumento central de su eventual defensa jurídica y la de sus antiguos subordinados: "Turquía era la única responsable de la identificación".

El ex ministro, que a su condición de diputado por Alicante une la de portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso, miembro de la Ejecutiva Nacional del PP y presidente del Comité de Derechos y Garantías de dicho partido, eludió pronunciarse sobre su futuro político. En cambio, salió en defensa de la gestión del ministerio que dirigía en torno al accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía).

Dos días después de que se conociera el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses -según el cual 32 cadáveres fueron identificados correctamente por las autoridades turcas, mientras que los médicos enviados por Defensa erraron en la identificación de los 30 cuerpos de los que se hicieron cargo-, Trillo-Figueroa aseguró que "todo lo que se hizo en aquellas circunstancias fue con la intención de ayudar a las familias [...] y pretender que alguien quisiera engañarlas carece sencillamente de sentido común".

"Creo", afirmó, "que los propios médicos [militares españoles enviados a Turquía a reconocer los cadáveres] hicieron el trabajo que pudieron en las excepcionales circunstancias y limitadísimas posibilidades de Turquía, que era la única responsable de la identificación" de los cuerpos.

Exculpar a los generales

Este última argumentación, que pretende exculpar a los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, denunciados por las familias de las víctimas ante la Audiencia Nacional, tiene, sin embargo, dos inconvenientes.

El primero es que el propio Ministerio de Defensa ordenó desactivar la Unidad Especial de Catástrofes de la Guardia Civil, que estaba preparada para trasladarse a Turquía con placas dentarias y muestras de ADN de familiares para ayudar a la identificación, con el argumento de que el buen estado de los cuerpos hacía innecesarias estas pruebas.

El segundo es que los dos generales denunciados firmaron un acta a las 2.20 horas del 28 de mayo -pocas horas antes de la repatriación de todos los cuerpos-, en la que se hacían cargo de los 62 cadáveres y se comprometían a identificar y entregar a sus familias los 30 que las autoridades turcas consideraban no identificados, aunque daban por hecho que pertenecían a españoles.

Trillo-Figueroa insinuó ayer que se siente traicionado por antiguos subordinados. "Nadie nos advirtió de tales errores", declaró. "Si alguien ha asegurado al ministro [de Defensa José] Bono lo contrario, le está mintiendo", dijo. Se trata, agregó, de "un infundio de alguno que quizás quiere hacer méritos con el nuevo mando a base de difamar a sus antecesores". Por ello, pidió a Bono que "no escuche a tan desleales consejeros".

El ex ministro se enfrenta a la posibilidad de que el Congreso repruebe su conducta en una votación sin precedentes. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que "los hechos son muy graves", pero recordó que se ha depurado a los responsables militares, en alusión al pase forzoso a la reserva de los dos generales y al relevo de la cúpula militar. "Es el Parlamento", agregó, preguntada por las responsabilidades políticas, "el que tiene que adoptar otras medidas que considere oportunas".

Cuatro grupos parlamentarios -Izquierda Verde, Grupo Mixto, CiU y PNV- han pedido que Bono comparezca ante el pleno del Congreso para informar del escándalo, lo que el Gobierno se propone llevar a cabo antes de que acabe septiembre.

IV y el Grupo Mixto han pedido que esta comparecencia se realice al amparo de los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso, que prevé una comunicación previa del Gobierno y la presentación de propuestas de resolución por parte de los grupos. Pero para que esta fórmula prospere es necesaria la conformidad del propio Ejecutivo. Si el Gobierno no accediera, IV podría buscar otro procedimiento parlamentario para forzar la votación.

"Queremos", explicó ayer el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que "el Congreso exprese solemnemente sus condolencias y petición de disculpas a las víctimas del Yak-42 y que se consideren también las responsabilidades políticas". Se trataría de una "reprobación moral", sin carácter vinculante, pero políticamente demoledora para Trillo y el PP.