El Supremo rechaza investigar al ex ministro porque ya lo hace la Audiencia

El Tribunal Supremo ha archivado dos querellas contra el ex ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, sobre el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares con el argumento de que ya hay una causa abierta en la Audiencia Nacional en la que se investigan los hechos, a instancias de las familias de los fallecidos.

Las querellas fueron presentadas en noviembre de 2003 y a principios de este año por la Asociación para la Defensa y el Progreso de los Intereses Ciudadanos (Politeya) y por la Asociación de Estudios Penales, respectivamente. Aunque ordena su archivo, el Supremo reconoce el derecho de los querellantes a presentarlas de nuevo ante la juez de la Audiencia Nacional que investiga los hechos.

El Supremo explica en su resolución que al dirigirse las querellas contra el entonces ministro de Defensa y hoy diputado del PP, Federico Trillo-Figueroa, en principio sería competente la propia Sala Penal del Supremo.

Sin embargo, argumenta, como es "notorio" que se está siguiendo una causa penal en el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, habrá de ser en ese proceso en el que "se pueda alcanzar la convicción de si, en los hechos presuntamente delictivos, recaen indicios racionales de criminalidad" contra el ex ministro.

En tal caso, prosigue, la competencia sería de la Sala Penal del Supremo, pero mientras tanto "la actividad sumarial o de investigación continuará a cargo de dicho juzgado, permitiendo fijar, aunque sea con carácter provisional, hechos y participaciones, sin que este tribunal anticipe ahora ningún juicio de valor en este orden de cosas".

En consecuencia, ordena archivar las querrellas, "sin perjuicio" de que se presenten "ante el juez competente".

Informe al juzgado

El abogado Leopoldo Gay, que representa a la mayoría de las familias de las víctimas, presentó ayer ante la Audiencia Nacional el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que confirma que los dos generales enviados por el Ministerio de Defensa a Trabzon (Turquía) identificaron erróneamente los 30 cadáveres de los que se hicieron cargo.

Gay expresó su confianza en que la juez Teresa Palacios, que se negó repetidamente a admitir a trámite la denuncia de las familias, inicie ya la investigación después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se declarara competente el pasado 15 de julio. Su objetivo es que la juez depure todas las responsabilidades, "sin descartar ni presuponer ninguna", dijo, en alusión a Trillo-Figueroa.