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Editorial:

Trillo, a la reserva

La peor de las sospechas ha resultado certera. El equipo enviado por el Ministerio de Defensa para repatriar a las víctimas del accidente del Yak-42, en el que perecieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán en 2003, se limitó a distribuir los restos en los féretros y asignar una identidad al azar a los 30 cadáveres que las autoridades turcas no habían identificado. Sólo así cabe explicar que equivocaran el cien por cien de las identificaciones practicadas.

Ahora se entiende por qué el ministerio que encabezaba Federico Trillo negó a los familiares la posibilidad de ver los restos de sus deudos a su llegada a Madrid. Hubo negligencia en la identificación y luego maniobras de ocultación. A la justicia le corresponde investigar si se produjeron actuaciones delictivas (prevaricación, falsedad en documento público). A las dudas razonables de los familiares, de las que se hizo eco la prensa, respondió Defensa con desmentidos rotundos y acusaciones de falta de "respeto a la memoria de las víctimas". El ministro Trillo empeñó su palabra en el Parlamento asegurando que la identificación se había realizado "con todas las garantías". Un Aznar airado llegó a pedir que se dejara en paz a los muertos.

El asunto provocó, tras el cambio de Gobierno, el pase forzoso a la reserva de los dos generales enviados para preparar la repatriación de los cadáveres. También la sustitución de toda la cúpula militar que estaba en activo en el momento en que se produjeron los hechos. No es lógico que, frente a esos efectos en la cadena de mando militar, el máximo responsable político del desastre -culminación a su vez de una cadena de decisiones erróneas- no haya renunciado a su acta de diputado. Hace 10 años, el PP hizo constar en un voto particular al dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Ibercorp que consideraban que el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, tenía responsabilidades políticas en el escándalo "por negligencia y obstrucción, y por no investigar". Solchaga, que ya no era ministro pero sí diputado, renunció a su escaño.

Si se aplicase el mismo criterio, hace tiempo que Trillo tendría que haber entregado su acta de diputado por Alicante. Quienes le votaron ignoraban lo que luego se ha sabido, incluyendo la siniestra constatación ahora conocida. Cuando no es posible ofrecer una explicación, la forma de pedir excusas es dimitir. Es el gesto de dignidad que cabe esperar de Trillo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de septiembre de 2004