Barcina apoya la construcción de otra cárcel en Pamplona

La alcaldesa de Pamplona, la regionalista Yolanda Barcina, mostró ayer su apoyo a la decisión de construir una nueva cárcel en la capital navarra. "La situación que atraviesan los reclusos en la cárcel actual es inadmisible", recalcó Barcina, quien agregó que su consistorio colaborará con el Gobierno foral y con Instituciones Penitenciarias atendiendo a criterios de "solidaridad". La actual prisión, construida en 1901, alberga en condiciones de hacinamiento a 237 reclusos.

El primer edil de Berriozar, el socialista Benito Ríos, anunció de su lado que pedirá una urgente reunión con el consejero de Justicia, Javier Caballero, para recabar toda la información sobre el plan. El solar de Santa Lucía, en el término municipal de Pamplona, elegido para construir el nuevo centro penitenciario limita con Berriozar. "Todos coincidimos en que es preciso construir una nueva cárcel, pero queremos conocer los detalles", destacó Ríos.

"Incredulidad" del delegado

Mientras, el delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, mostró ayer su "sorpresa" e "incredulidad" por la actitud del Ejecutivo foral, que el pasado martes dio a conocer públicamente la ubicación elegida en Pamplona para levantar la futura cárcel de Navarra.

Además de criticar la forma unilateral del anuncio de una infraestructura que va a costar más de 18 millones de euros, que pagará íntegramente el Estado, el delegado adelantó que no se sentirá responsable "si se genera un movimiento de oposición en la zona" elegida.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias quiere conocer el estado urbanístico del área elegida, una de las nueve preseleccionadas por el Ejecutivo de Miguel Sanz. Mercedes Gallizo, responsable de dicha dirección, advirtió al Gobierno foral en una carta remitida el pasado 29 de julio de que las afecciones medioambientales y culturales y la titularidad del suelo pueden ser datos "determinantes" en la definitiva elección del terreno.

El Ministerio del Interior quiere revisar los términos del convenio suscrito en 2000 con el Gobierno foral por el entonces titular del departamento, Jaime Mayor Oreja. Fuentes de la Administración foral indicaron que el Estado quiere revisar al alza la decisión de construir una cárcel con capacidad para unos 400 reclusos y desea negociar la creación de un centro con mayor capacidad que aligere el hacinamiento de las prisiones del entorno.