Incendiarios

La gravedad de los incendios forestales producidos durante este verano, el alto valor ecológico de las decenas de miles de hectáreas de masa arbolada devoradas por las llamas y la fundada sospecha de que tras ellos se encuentra la mano intencionada o imprudente del hombre, han hecho que la mirada de los responsables públicos y de los ciudadanos en general se centre en la eficacia de los instrumentos legales existentes, primero para descubrir a los culpables y después para castigarlos como corresponde.

El medio ambiente, los recursos naturales, son bienes cada ves más valiosos para el hombre y merecen, en consecuencia, una cualificada protección legal e incluso penal. Más allá de calificativos mejor o peor aplicados, como el de "terrorismo forestal" utilizado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es cierto que prender fuego al monte o al bosque constituye una conducta al menos tan grave como las que provocan una justificada alarma en la sociedad en relación con la llamada inseguridad ciudadana.

Desde 1995 el Código Penal prevé penas de hasta cinco años de prisión para el incendiario, que, en el caso de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, pueden alcanzar los 20 años. Esta pena se agrava todavía más si se producen víctimas. El problema de que sólo excepcionalmente los incendiarios den con sus huesos en la cárcel no está, pues, en la ley penal, sino en su inaplicación por la dificultad de descubrirlos o de demostrar que lo son ante un tribunal. Parece, pues, que el esfuerzo debería centrarse en reforzar los medios de investigación policial sobre este tipo de delincuencia y, en general, sobre los delitos contra el medio ambiente, así como exigir al ministerio fiscal una actuación más activa en su persecución.

Congruentemente con ello, habría que lanzar un claro mensaje al incendiario -y a los intereses económicos o de otro tipo que puedan estar tras él- de que el Estado no permitirá que los delincuentes y sus cómplices o inductores obtengan ningún beneficio de su delito. Como ya sucede en el caso de los narcotraficantes. Todas las reformas legales que tiendan a este objetivo serán bien recibidas por la sociedad. Es el caso de la modificación de la Ley de Montes anunciada por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para impedir que "se pueda alterar la calificación de una zona que se ha quemado". Pero es evidente que el arma más efectiva contra los incendiarios, intencionados o imprudentes, es el firme rechazo social a conductas criminales o imprudentes que ponen en riesgo o destruyen bienes imprescindibles para la supervivencia y el bienestar humanos.